Organizaciones piden tipificar el reclutamiento forzado, una medida urgente de seguridad nacional

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) manifestó su consternación ante el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, presuntamente cometido por un adolescente de 17 años, y exigió a las autoridades tipificar como delito el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado.

De acuerdo con REDIM, el caso refleja la crisis de violencia y abandono que afecta a la niñez y adolescencia en el país, donde hasta 250 mil menores podrían estar en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos. La organización señaló que estos jóvenes son, antes que delincuentes, víctimas de un sistema que les niega oportunidades y los coloca en contextos de violencia estructural.

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REDIM y la red Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe coincidieron en que reconocer el reclutamiento forzado como delito específico es una decisión estratégica para proteger a las juventudes y debilitar las estructuras criminales. Subrayaron que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de impulsar esta iniciativa como parte de una estrategia de seguridad basada en inteligencia, prevención y justicia social.

El reclutamiento forzado, señalaron, convierte víctimas en perpetradores y alimenta el ciclo de homicidios, desapariciones y enfrentamientos en todo el país. La propuesta busca no solo castigar a quienes reclutan, sino también desvincular y rehabilitar a los menores utilizados por grupos criminales, con programas educativos, laborales y de atención psicológica que los reintegren de forma positiva a la sociedad.

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La organización también condenó la difusión del nombre e imagen del menor presuntamente implicado, tanto por medios de comunicación como por la Fiscalía General de Michoacán, al considerar que se trata de una violación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

REDIM pidió el retiro inmediato de cualquier información que revele su identidad y llamó a las autoridades y medios a detener la criminalización de menores involucrados en delitos, garantizando un enfoque de justicia restaurativa y de protección integral.

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La organización reiteró que tipificar, atender y prevenir el reclutamiento forzado es clave para romper el ciclo de violencia y avanzar hacia una política de seguridad con enfoque de derechos humanos y de infancia.