Víctimas sin respaldo: recortes y fallo de la SCJN agravan abandono a familias buscadoras
La hija de Jacqueline Palmeros desapareció en 2020. Desde entonces, ella quedó a cargo de sus nietos y emprendió por cuenta propia la búsqueda de Montserrat, hasta localizar sus restos en 2024 en el Ajusco, en la Ciudad de México.
“Mi hija era la manutención de mis nietos, a raíz de la desaparición de mi hija queda a mi cargo esta situación”, Jaqueline Palmeros, madre buscadora “Una Luz en el Camino”
Cambios legales que redujeron los recursos
Ese mismo año, el Congreso modificó la Ley General de Víctimas y eliminó la obligación del Gobierno de destinar un presupuesto mínimo para apoyar a víctimas y sus familias.
De acuerdo con el investigador Ángel Ruiz Tovar, de Fundar, hoy existen 692 millones de pesos disponibles. Con la fórmula previa, la asignación ascendería a 913 millones.
“El fondo tenía una fórmula del gasto anterior, estábamos hablando de que, por ejemplo, ahorita estamos hablando de 692 millones de pesos, que son recursos para víctimas el día de hoy, si tomáramos la fórmula que estaba en la Ley General de Víctimas, estaríamos hablando de 913 millones de pesos”, Ángel Ruiz Tovar, investigador Fundar
Familias costean las búsquedas
Jacqueline buscó a Montserrat con sus propios recursos, valiéndose de todo a su mano, desde rifas y venta de dulces, hasta boteos.
“Te puedo decir que ocho de cada 10 familias pierden el trabajo cuando se dedican a la búsqueda de su ser querido desaparecido. He tenido que hacer diferentes actividades como rifas, vender dulces, inclusive llegamos a hacer boteo cuando no tenemos recursos para poder movernos, cuando no tenemos botas, herramientas”, Jaqueline Palmeros, madre buscadora “Una Luz en el Camino”
Durante sus cuatro años de búsqueda, organizaciones pelearon en tribunales para restablecer la obligatoriedad del Gobierno a tener un presupuesto mínimo que creciera año con año.
“Este es el dinero que se requiere para atención médica, para movilizarte a ver tu carpeta de investigación, becas educativas para y todo lo que son las reparaciones integrales del daño”, aseguró Ángel Ruiz Tovar, investigador de Fundar
El pasado 18 de noviembre, la nueva Suprema Corte determinó que el Gobierno no tiene esa obligación y, a decir de las propias víctimas, tampoco tiene instituciones que puedan apoyarlas.
“No cumple, ni siquiera, la Comisión Ejecutiva de Protección a Víctimas, con los requerimientos prioritarios que son atención psicológica y atención a la salud”, afirmó Jaqueline Palmeros, madre buscadora de “Una Luz en el Camino”
Mientras estos recursos se regatean, las víctimas se multiplican.
“Para darnos una idea, el presupuesto ha estado aumentando 1%, 2%, 3%. El número de víctimas actualmente está aumentando entre 20 y 40%”, señaló Ángel Ruiz Tovar.
La “nueva” Suprema Corte deja en el desamparo, a quienes más debería proteger.
“Es inhumano, los niños son los que van a salir más afectados en toda esta situación”, concluyó Jaqueline Palmeros.
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