Poner lupa a “cosa juzgada” tiene trasfondo político: expertos

Especialistas en derecho constitucional advirtieron que los intentos por revisar sentencias firmes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ponen en juego la legitimidad del nuevo Máximo Tribunal.

Durante el arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hubo un primer intento por minar las decisiones de la Corte, pero el propio Tribunal declaró infundado el planteamiento.

“La Corte había dicho con mucha claridad que no hay ninguna justificación para que se puedan presentar recursos de revisión en contra de decisiones de las Salas de la Corte”, explicó Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“Un tema netamente político”

La académica Lizbeth Padilla, también de la UNAM, señaló que la Suprema Corte tiene una obligación jurídica y ciudadana de apegar todas sus resoluciones al bloque de constitucionalidad, tanto a nivel nacional como internacional.

“Esto es un tema netamente político, netamente político y también para efecto de que el partido oficialista siga estando en el poder”, afirmó.

Proyecto rechazado, debate pendiente

En la sesión del 6 de noviembre, fue rechazado un proyecto del ministro presidente Hugo Aguilar, que abría la posibilidad de revisar sentencias emitidas por las Salas de la Corte, eliminadas tras la Reforma Judicial.

Sin embargo, sigue pendiente una consulta para definir si se pueden revisar dos sentencias de la extinta Primera Sala, un proyecto a cargo de la ministra Lenia Batres.

“La ministra Batres sí ha dicho con toda claridad que ella es de la idea de revisar sentencias firmes que sean fraudulentas, lo que sea que esto signifique”, comentó Martín Reyes, quien advirtió que “la Corte está jugando con fuego”, abundó Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

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Legitimidad en juego

Con esta controversia, señalan los expertos, estará en el aire la legitimidad de la nueva Suprema Corte.

“El juez no se legitima en un voto, se legitima en sus resoluciones, respetando los derechos fundamentales del gobernado. Esto impone estar a la altura de la toga”, afirmó Juana Fuentes Velázquez, directora Nacional de JUFED

Por su parte, Lizbeth Padilla subrayó que la Corte “está actuando como un eslabón de una dictadura” y dejó de representar el equilibrio entre los tres poderes que la Constitución establece.

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