Senado avala Ley contra la extorsión, incluyen estafas digitales

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, pasó la aduana del Senado de la República con incremento de penalidades.
“De mantener la sanción de seis años, como mínimo abriría las puertas para que las personas sancionadas por esa conducta pudieran solicitar la libertad anticipada aprovechando la aplicación retroactiva en su beneficio, por esa razón consideramos aumentar la penalidad mínima a 15 años, y la máxima a 25 años”
Javier Corral Jurado / senador de Morena
La pena máxima de 25 años de prisión podrá incrementarse hasta 42, cuando en el delito se utilice la violencia, una o más armas, participe algún miembro de la delincuencia organizada, y en los casos de los denominados montachoques y montadeudas.
“No más cobros de piso ni extorsiones bancarias en líneas digitales, basta ya de los llamados montadeudas y montachoques, todo el peso de la ley a estos grupos criminales que perturban nuestra convivencia social”
María Guadalupe Chavira De La Rosa / senadora de Morena
Mientras que, de último minuto, Morena introdujo una reserva para sancionar hasta con 12 años de prisión a quienes a través de plataformas digitales, medios de comunicación y telecomunicaciones cometan delitos de extorsión.
“No criminaliza medios, ni persigue tecnología, ni sanciona narrativa, lo que proponemos busca cerrar las grietas donde hoy se cuela el crimen, las plataformas sin regulación efectiva, la telefonía sin trazabilidad y la impunidad digital que permite que un delincuente extorsione desde una celda o desde otro país […] los medios no son vehículo técnico de la extorsión, pero sí pueden serlo cuando se manejan y se usan irresponsablemente.
“Las plataformas, redes sociales, mensajería, Marketplace y aplicaciones se han convertido en herramientas que permiten suplantación de identidad, ingeniería social, manipulación emocional, chantaje digital, extorsión por difusión de imágenes, datos o información privada, la extorsión aquí ya no es un telefonazo, es un mensaje anónimo, un perfil falso, un algoritmo que recomienda, una red que viraliza, las plataformas son el medio más versátil para el extorsionado”
Ignacio Mier Velazco / senador de Morena
De igual forma, la normativa obliga la creación de unidades especializadas para la investigación y persecución de oficio de las diferentes modalidades de extorsión.
“Nos parece que un delito que ha calado hondo en las familias, en la sociedad mexicana, amerita que haya personal y que haya unidades especializadas para atender, sobre todo a partir de este momento, la denuncia anónima, que atiendan de manera específica este problema”
Alejandra Barrales Magdaleno / Movimiento Ciudadano
Por su parte, el PAN externó su preocupación por la falta de recursos para la implementación de la ley.
“Se crea el centro de atención a denuncias por extorsión, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pero qué creen, no va haber más presupuesto”
Mayuli Latifa Martínez Simón / senadora del PAN
Se sanciona hasta con 12 años de prisión a quien o quienes presten auxilio al autor de una extorsión. El PRI criticó el carácter punitivista de la norma.
“Una cárcel llena no es una sociedad segura, máxime cuando no se atacan los pactos criminales que les dan sustento, cuando desde la cárcel se realizan el 80 por ciento de las extorsiones. El PRI va a votar a favor, pero queda en la responsabilidad de los iniciantes y dictaminadores de esta ley la vida de las personas que pueden pasar con agravantes hasta 40 años en la cárcel”
Carolina Viggiano Austria / senadora del PRI
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A los servidores públicos se les impondrá de 16 a 20 años de prisión cuando divulguen información confidencial sobre las investigaciones de delitos de extorsión o por omitir denunciar la comisión de alguna de las variantes de este delito.
Además, se contempla una pena de 12 años de prisión a quien intente introducir cualquier artefacto de comunicación a un centro penitenciario.
“Reconocemos una realidad innegable: muchas extorsiones se originan desde las cárceles, por ello se generan los mecanismos e instrumentos legales para bloquear comunicaciones ilícitas, prohibir el acceso a dispositivos electrónicos y asegurar que los penales sean espacios de control y de readaptación social, no de operación criminal”
Enrique Inzunza Cázarez / senador de Morena
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El decreto fue avalado en lo general por unanimidad de 110 votos, mientras que en lo particular la reserva referente a plataformas digitales y medios de comunicación fue aprobada por 95 votos a favor y 12 en contra. El decreto fue devuelto a la Cámara de Diputados.



