Senado no puede obligar a Maru Campos a comparecer, advierte especialista

La comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante el Senado no es obligatoria ni tiene consecuencias legales en caso de incumplimiento. Melisa Ayala García, cofundadora y socia de Arcana Legal, explica que el llamado carece de sustento jurídico para forzar su asistencia y que, en términos legales, se trata únicamente de una invitación.

Maru Campos y el fiscal estatal, César Jáuregui, fueron invitados para acudir al Senado a rendir cuentas por la presunta presencia de agentes de la CIA en operativos de seguridad en Chihuahua.

“El Congreso no tiene la facultad para obligar a un gobernador o una gobernadora a que rinda un informe. La forma en la que se le está citando es una solicitación”, explica en entrevista Ayala García. En ese sentido, subraya que la decisión de acudir es voluntaria: “entonces en caso de no comparecer no procedería a ninguna sanción”.

La especialista insiste en que no existe un mecanismo que permita al Senado exigir la presencia de un mandatario estatal: “de todas formas me parece que el Congreso Federal no tiene las facultades para obligarla a que actúe”.

El límite está en el federalismo

Para Ayala García, esta situación responde a la estructura del país. “Creo que a veces se nos olvida que vivimos en una federación y las implicaciones de la federación que son que cada estado y cada Gobierno tiene la facultad de realizar ciertas acciones”, explica.

Bajo este esquema, aun cuando el tema involucra seguridad nacional, las competencias no se trasladan automáticamente al Senado en términos de control directo sobre una gobernadora.

En paralelo, la abogada remarca que el fondo del caso sí toca una atribución federal: “en materia de seguridad nacional, la constitución señala que es exclusiva del área federal” y añade que la intervención local sólo puede darse en coordinación: “las autoridades locales pueden apoyar al Ejecutivo federal; sin embargo, es una cuestión de colaboración”.

Sobre lo ocurrido, señala la falta de comunicación como un punto crítico: “me parece que sí es una cuestión que se tuvo que haber informado en todo momento a la federación y es bastante problemático el hecho de que no se haya hecho”.

Qué tendría que demostrarse

Para determinar si existió una irregularidad en la presencia de agentes estadounidenses en la entidad, Ayala apunta a documentos concretos: “Creo que sería fundamental contar con el documento mediante el cual la gobernadora de Chihuahua invitó a las personas de la CIA para que acudieran al estado y evidentemente debe de haber un documento”.

También menciona la necesidad de revisar el uso de recursos. “Sería necesario revisar si se hizo algún tipo de pago y no me refiero únicamente a un pago por la capacitación, sino también, por ejemplo, viáticos y, por supuesto, que todo eso tiene que estar documentado”.

La especialista aclara que no hay una única consecuencia posible, ya que en caso de comprobarse una violación, dependería del tipo de esta. Entre los escenarios, menciona desde lo administrativo hasta lo migratorio: “toda persona que entra a territorio nacional tiene la obligación de decir, bajo protesta, la verdad, las razones por las cuales se está ingresando al territorio nacional; entonces, podría haber también una cuestión migratoria en contra de las personas que ingresaron”.

Comparecer o no, una decisión política

Si la gobernadora decide acudir, el espacio serviría para explicar su actuación: “creo que ahí tendría que explicar por qué actuó, según ella, de acuerdo al marco legal”.

Sobre una posible defensa, Ayala plantea una condición directa: si ella puede comprobar que sí dio aviso a las autoridades federales, está a salvo.

“Si no dio este aviso, no hay argumento que lo justifique. Si soy honesta, no lo veo”, refiere.

Finalmente, la abogada ubica el caso fuera de un terreno estrictamente legal: “creo que es un tema más político que jurídico, si te estoy muy honesta”. Incluso advierte un posible escenario: “creo que se podría iniciar un proceso de juicio político, tal vez. Esa sería como la cuestión más grave”.

Aun así, considera que el desenlace más probable no implica sanciones mayores, sino que el caso funcione como referencia para la relación entre autoridades estatales y federales, y algunas que otras administrativas.

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