Senado va por penas más duras: hasta 42 años de prisión para montachoques y extorsión
El Senado de la República analiza cambios sustanciales a la minuta de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión y así endurecer las penas tanto a quienes cometan los delitos como a las autoridades que lo permitan o no los denuncien.
Penas de hasta 42 años por extorsión
El dictamen que se estudia en las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos establece que el delito de extorsión tendrá una pena base de 15 a 25 años de prisión. No obstante, incluye agravantes que pueden elevar la sanción hasta los 42 años de cárcel en casos específicos.
La propuesta describe que las agravantes aplican cuando hay violencia física o moral, un daño patrimonial, un hecho de tránsito provocado intencionalmente, es decir, los montachoques, o cuando el autor esté privado de la libertad.
Montachoques y cobro de piso, formas de extorsión
La iniciativa define los montachoques como el acto deliberado de provocar un accidente vial y luego exigir dinero inmediato a la víctima con amenazas, que operan al margen de las aseguradoras. Bajo la reforma, quienes realicen esa forma de cobro mediante extorsión podrían ser sancionados con la pena máxima de 42 años si se suman los agravantes.
A su vez, el cobro de piso, definida como la imposición ilícita de pagos a negocios o personas bajo la amenaza de violencia, quedará expresamente tipificado como extorsión con sanción elevada.
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Autoridades serán sancionadas por omisión o complicidad
El dictamen prevé que aquellos servidores públicos, ya sean policías, ministerios públicos, fiscales, custodios o jueces, que tengan conocimiento de actos de extorsión y no los denuncien, enfrenten penas de 10 a 20 años de prisión. En algunos de los casos se estiman hasta 20 años.
También se propone sancionar con hasta 12 años de cárcel a quienes introduzcan teléfonos inteligentes o dispositivos electrónicos a centros de reclusión que permitan extorsiones desde prisión.
Adicionalmente, autoridades penales que faciliten condiciones para extorsionar desde los centros de reintegración social podrían recibir hasta 30 años de prisión.
Discusión en el Senado
Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado analizarán y discutirán el dictamen para posteriormente llevarlo a votación al pleno de la Cámara Alta.
