Tras 24 horas, aprueban iniciativas de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley General de Aguas; pasa al Senado
Morena, PT y Verde aprobaron este jueves la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas tras un debate de más de 24 horas en la Cámara de Diputados. La discusión se extendió con más de 500 reservas y más de 170 oradores, hasta que, después de las 14:00 horas, el bloque oficialista tomó la tribuna y avaló la iniciativa presidencial en lo general y en lo particular. Tras ello, ambas fueron enviadas al Senado de la República, para su discusión.
El debate estuvo marcado por choques entre oficialistas y opositores, quienes intercambiaron argumentos y descalificaciones. Morena y aliados defendieron que la nueva legislación busca poner orden y evitar abusos en el uso del agua en el país.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que, con esta reforma, “se elevó a rango legal la prohibición del acaparamiento de títulos de concesiones de agua” y que se establece una política de Estado bajo la rectoría nacional. Morena insistió en que la iniciativa no afecta a los productores y que su objetivo central es ordenar el manejo del recurso.
Reacciones y críticas de la oposición
Para el PT, el acceso al agua queda garantizado como derecho humano. Su coordinador, Reginaldo Sandoval, afirmó que la reforma combate el acaparamiento que se permitió cuando particulares podían vender concesiones.
El PRI aseguró que Morena sí dejó en ambigüedad el tema de los títulos de concesión. Su coordinador, Rubén Moreira, señaló que retirar la frase que impedía transmitir concesiones “castiga al agro” y genera incertidumbre para los productores.
En el PAN, Federico Döring acusó que los cambios fueron solo “de forma, pero no de fondo”. Afirmó que la propuesta mantiene restricciones para el refrendo y transmisión de títulos, y acusó la creación de un “derecho de piso del cártel del agua de Morena”.
Desde MC, la diputada Laura Irais Ballesteros criticó que la reforma no incluya presupuesto suficiente para operar. Advirtió que la ley “se quedó chiquita” y que la Conagua queda debilitada, lo que podría derivar en una crisis hídrica.
Lo que cambia con la nueva legislación
La Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, reafirma que el Estado es el único administrador del recurso y que el agua es un derecho humano, no una mercancía. Con la reforma, las concesiones ya no podrán transmitirse ni venderse, y no se podrán usar con fines distintos a los autorizados.
Se crea el Registro Nacional del Agua, administrado por Conagua, que otorgará y vigilará las concesiones. Los volúmenes no utilizados adecuadamente serán reintegrados para una nueva asignación. En el caso agropecuario y ganadero, las concesiones no podrán separarse de la tierra y sí podrán heredarse o venderse cuando se mantenga el mismo uso.
La Ley General de Aguas reglamentaría el artículo Cuarto:
“… todos tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
La iniciativa original tuvo en una primera parte 50 modificaciones, a la que se sumaron otros 18 en el debate. Aprobado el dictamen, fue enviado al Senado.
Ley de Aguas llega al Senado
La ley de Aguas llegó al Senado luego de ser aprobada en la Cámara de Diputados. Con 83 votos a favor y 27 en contra, senadores consideraron como “urgente” la resolución de la minuta que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales.
En el Senado, y en medio de las protestas de agricultores, los senadores comenzaron la discusión entre señalamientos por parte de la oposición de corrupción por el tema de la Ley de Aguas. Mientras que la izquierda defendió la ley destacando el recurso dado al campo.
Ley de Aguas: los 5 puntos que rechazan los campesinos
Estas iniciativas han desatado una ola de protestas y bloqueos en gran parte del país. De acuerdo con organizaciones campesinas, la reforma genera preocupación por cinco motivos principales:
- Falta de protección para pequeños productores frente a grandes empresas, lo que podría profundizar desigualdades.
- Prohibición para transmitir concesiones de agua, lo que —advierten— reduce el valor de las tierras y complica la continuidad de los cultivos.
- Sanciones económicas elevadas y riesgo de incurrir en delitos hídricos, lo que incrementa la incertidumbre jurídica del sector.
- Peligro de que concesiones históricas no sean renovadas, lo que afectaría a productores que dependen del riego para sostener su actividad.
- Ausencia de apoyos para modernizar la infraestructura hídrica, un pendiente que consideran clave para mejorar el uso del recurso.
