Urge tipificar como delito grave el reclutamiento infantil: Redim
La directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Tania Ramírez, advirtió que el país necesita con urgencia tipificar como delito grave el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, una práctica creciente que, pese a su gravedad, aún no tiene reconocimiento legal federal.
“Desde el análisis que hemos hecho en Redim, hemos estudiado el asunto del reclutamiento y la dificultad que hay para poder generar políticas públicas de prevención y atención cuando es un asunto que no está tipificado”, explicó Ramírez en entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno“.
“El asesinato de un alcalde no se resuelve encontrando al menor, sino a quien lo reclutó”
La activista señaló que tipificar el delito permitiría atender las verdaderas causas detrás de hechos de violencia como el asesinato reciente de un presidente municipal, presuntamente cometido por un adolescente.
“Tener tipificado el reclutamiento ayudaría, por ejemplo, en un caso como este, a tener claro que el asesinato de Carlos Manzo no se resuelve con haber encontrado a este joven, sino hasta saber quién lo había reclutado, cuáles eran las redes criminales detrás”, dijo.
Ramírez subrayó que las y los adolescentes involucrados en delitos deben ser vistos como víctimas, pues son captados mediante coerción, pobreza o violencia estructural.
“Hay que entender que niñas y niños son víctimas. A veces escuchamos discursos antiderechos que dicen: ‘si delinquió como adulto, que pague como adulto’. Pero hay que resistir esas tentaciones y entender cuál es el problema de raíz”, enfatizó.
250 mil niñas, niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento
Ramírez lamentó que México no cuente con datos oficiales sobre la magnitud del reclutamiento infantil. Ante esa ausencia, Redim desarrolló su propia metodología en 2021, estimando que entre 140 mil y 250 mil menores estarían en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos.
“No tenemos datos oficiales. Lo que hicimos fue construir una metodología para calcular cuántos chicos y chicas podrían estar en riesgo, y en ese momento descubrimos que entre 140 mil y 250 mil estarían en riesgo”, afirmó.
La falta de cifras, advirtió, impide diseñar políticas efectivas de prevención y atención.
“Es delicado porque eso no nos hace tener políticas más asertivas. Si tuviéramos datos podríamos orientar mejor los presupuestos y generar mejores políticas públicas”, agregó.
Las becas no bastan: se necesitan políticas estructurales
Sobre las acciones del Gobierno federal, la directora de Redim reconoció que los programas sociales son un apoyo importante, pero no sustituyen una política integral de protección a la infancia.
“Las transferencias directas o las becas ayudan, pero lo que realmente cambia la realidad de niñas y niños es generar sistemas que garanticen sus derechos”, afirmó.
Recordó que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) debe tener presupuesto y coordinación efectiva con instituciones como la SEP, la Guardia Nacional o la Policía Cibernética.
“Es muy absurdo pensar que una sola institución, mucho menos el DIF, va a poder coordinar todos estos esfuerzos. Se requiere un trabajo sistemático, estructurado, donde el Estado responda a las causas estructurales y deje de ser un suelo fértil para la criminalidad”, puntualizó.
Además, hizo un llamado a no criminalizar a los adolescentes ni ceder ante propuestas para reducir la edad de responsabilidad penal.
“Estamos hablando de jóvenes que deben enfrentar la justicia, sí, pero también de víctimas de un contexto de violencia y abandono. No se trata de impunidad, se trata de entender el fenómeno”, subrayó.
Un llamado al Estado mexicano
La representante de Redim recordó que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU revisó recientemente la situación de México y emitió recomendaciones para atacar las causas estructurales del reclutamiento y la violencia infantil.
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“El comité recomendó construir mejores políticas sociales, no orientadas únicamente a becas o apoyos puntuales, sino a sistemas que garanticen derechos”, explicó Ramírez.
Al cierre de la entrevista, reiteró que la falta de legislación específica y de datos confiables sigue dejando en la vulnerabilidad a miles de menores.
“Ojalá esta petición sea escuchada en pro de todos estos menores que hoy se encuentran en una posición tan vulnerable”, concluyó.
