“Juan”, un testigo protegido y al parecer clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el actual titular de la seguridad capitalina, Omar García Harfuch, recibía mensualmente 200 mil dólares del cártel Guerreros Unidos.
Un diario de circulación nacional publicó la declaración del testigo protegido la cual parece poco convincente en una investigación que hasta ahora lo que se ve, lo que se filtró, solo se señala a una persona que no se sabe quién es, si es un delincuente y que dice, porque no hay pruebas que permitan validar los hechos, que hubo sobornos a mandos militares.
Al igual que en el caso del general Cienfuegos, es un gran agujero de todo proceso judicial donde se usa o se abusa del testigo protegido. El testigo protegido tiene que ser alguien que corrobora o ayuda a corroborar con otra evidencia, pues lo que están tratando de demostrar no puede bastar con la palabra de un criminal.
Carlos Elizondo Meyer.
Nuestro analista simpatiza plenamente con el jefe de la policía capitalina, García Harfuch, y sus declaraciones que negar categóricamente lo dicho por un tercero que nadie sabe ni cómo se llama, que además aparentemente es un criminal, y se dedica a inculpar a diestra y siniestra a cuanto funcionario se le ocurra.
Carlos Elizondo opina que, suponiendo, imponiendo sin conceder que realmente estuvo involucrado el Ejército, el reto, será no quedarse en los autores materiales si fuera el caso que las fuerzas Armadas estuvieron involucradas.
- La pregunta suele muy complicada ¿hasta dónde sabían las autoridades militares de la época?, ¿fueron partícipes?, ¿encubrieron? que también es un delito y esto entraría en una tensión muy fuerte entre el actual gobierno, que depende tanto del Ejército y que ha tejido una relación cercana.
