Remesas, bancos y migrantes: las claves del nuevo decreto financiero de Trump

El gobierno de Donald Trump ordenó un endurecimiento de los controles financieros en Estados Unidos bajo el argumento de combatir lavado de dinero, tráfico de drogas, terrorismo y fraude ligado a población migrante sin autorización laboral.
El decreto presidencial, firmado por Trump, instruye al Departamento del Tesoro, reguladores bancarios y agencias financieras a reforzar la vigilancia sobre transferencias internacionales de bajo monto, cuentas abiertas con documentos extranjeros, operaciones realizadas mediante ITIN y créditos otorgados a personas consideradas “inadmisibles o removibles” bajo las leyes migratorias estadounidenses.
Aunque el documento, titulado “Restoring Integrity to America’s Financial System” no prohíbe las remesas ni establece un impuesto directo, sí plantea nuevas medidas de supervisión financiera que podrían impactar operaciones bancarias, transferencias internacionales y procesos de verificación de identidad.
Vigilancia reforzada sobre transferencias y remesas
En el apartado “Safeguarding Against Fraud and Abuse”, el decreto sostiene que las transferencias internacionales de bajo monto han sido utilizadas para financiar terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilícitas.
El documento afirma que análisis financieros detectaron “centros de actividad financiera vinculada al fentanilo” relacionados con cárteles mexicanos, además de operaciones de lavado atribuidas a redes chinas.
Con base en ello, ordena que en un plazo de 60 días el Departamento del Tesoro emita una alerta formal a instituciones financieras sobre riesgos asociados al uso del sistema bancario por parte de personas sin autorización laboral en Estados Unidos.
La instrucción incluye identificar patrones considerados sospechosos, entre ellos:
- Depósitos y retiros repetitivos por debajo de límites de reporte
- Uso de empresas fachada
- Plataformas de pago entre particulares
- Transferencias vinculadas a pagos “fuera de nómina”
- Operaciones mediante negocios de envío de dinero no registrados
- Utilización de cuentas abiertas con ITIN
Qué dice el decreto sobre cuentas con ITIN
Uno de los puntos centrales del documento es la referencia al uso del Individual Taxpayer Identification Number (ITIN).
El decreto señala que el uso de un ITIN para abrir cuentas o solicitar créditos “puede ser identificado como un factor de riesgo” cuando la persona no tenga estatus migratorio legal verificado o autorización laboral.
La orden instruye a las autoridades financieras a evaluar reglas para fortalecer procesos de “customer due diligence”, es decir, mecanismos de verificación de identidad y monitoreo de clientes bancarios.
También plantea que las instituciones financieras puedan solicitar información adicional relacionada con estatus migratorio y autorización de empleo cuando existan indicadores de riesgo asociados con fraude, evasión de sanciones o actividad financiera ilícita.
Créditos, hipotecas y préstamos bajo revisión
El decreto no se limita a transferencias internacionales, ya que en la sección “Addressing Structural Credit Risks”, la administración Trump sostiene que personas sin autorización laboral enfrentan riesgo de pérdida de ingresos derivado de deportaciones o cumplimiento de leyes migratorias por parte de empleadores.
Con ese argumento, ordena a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor evaluar lineamientos para que bancos y prestamistas consideren la posibilidad de deportación como un elemento dentro de la capacidad de pago de créditos hipotecarios, automotrices o tarjetas.
Además, instruye a reguladores bancarios federales emitir guías sobre riesgos crediticios asociados con población “non-work authorized”.
El decreto también abre la puerta a posibles cambios regulatorios relacionados con documentos de identificación consular extranjeros.
En un plazo de 180 días, el Departamento del Tesoro y reguladores financieros deberán analizar modificaciones a normas derivadas de la Bank Secrecy Act para fortalecer programas de identificación de clientes y evaluar “los riesgos” que representan tarjetas consulares extranjeras para el sistema financiero estadounidense.
El argumento oficial: seguridad nacional y crimen financiero
El texto firmado por Trump sostiene que el objetivo es “restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense”, proteger a instituciones bancarias y combatir fraude y abuso.
La orden vincula directamente actividades financieras transfronterizas con amenazas a la seguridad nacional y menciona operaciones relacionadas con tráfico de drogas, lavado de dinero, trata de personas y evasión fiscal.
El decreto involucra a la Junta de la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, además del Departamento del Tesoro y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.
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