FGR obtiene dominio sobre residencia de Emilio Lozoya en CDMX
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una resolución favorable que confirmó como procedente la acción de extinción de dominio sobre una residencia que era propiedad de Emilio Lozoya Austin, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, valuada en más de 51 millones de pesos.
La resolución fue resultado del trabajo del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), instancia que interpuso el recurso de apelación correspondiente.
Tribunal confirmó resolución contra Emilio Lozoya
El fallo fue emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dentro del juicio de amparo promovido por Emilio “N”.
Con ello, se confirmó la sentencia de segunda instancia que declaró procedente la acción de extinción de dominio sobre el inmueble ubicado en la colonia Lomas de Bezares, en la misma alcaldía.
La Fiscalía acreditó presuntos recursos ilícitos
De acuerdo con la investigación realizada por ministerios públicos federales, la residencia habría sido adquirida con recursos de procedencia ilícita relacionados con la venta a sobrecosto de una planta durante la gestión de Emilio “N” como director de Pemex.
La Fiscalía indicó que las pruebas recabadas permitieron acreditar el origen ilícito de los recursos utilizados para la compra del inmueble.
Procedimiento inició desde 2021
El proceso legal comenzó en 2021, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la demanda de extinción de dominio. En primera instancia, la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio determinó que la acción no era procedente.
Posteriormente, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación ante el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Civil, instancia que revocó dicha resolución y declaró procedente la acción de extinción de dominio.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que continuará impulsando acciones en materia de extinción de dominio para combatir estructuras financieras vinculadas con recursos ilícitos y para incorporar esos bienes al patrimonio del Estado.
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