Ofrecen 100 mil pesos por Luis Felipe Duarte Gómez, presunto secuestrador de Maritza
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ofrece una recompensa de hasta 100 mil pesos para quien proporcione información veraz y útil que conduzca a la localización y detención de Luis Felipe Duarte Gómez, presunto responsable del delito de secuestro agravado en contra de Maritza Espino y sus dos hijas, cometido el 24 de noviembre en la ciudad de Uruapan.
El caso cobra relevancia debido a que la madre fue localizada sin vida el pasado 29 de noviembre, mientras que, hasta el momento, se desconoce el paradero de las niñas, situación que ha derivado en operativos de búsqueda activos en el estado.
Exigen orden de aprehensión contra el investigado
De acuerdo con el fiscal, Carlos Torres Piña, se establece el pago de hasta 100 mil pesos a quien aporte datos que permitan la ubicación, localización y detención del investigado. La FGE informó que la identidad de quienes colaboren con información será estrictamente confidencial.
¿Cómo aportar información a la Fiscalía?
Las personas que cuenten con datos útiles pueden comunicarse directamente con la Agencia de Inteligencia Criminal de la FGE, ubicada en Periférico Independencia No. 5000, colonia Sentimientos de la Nación, C.P. 58170, Morelia, Michoacán; escribir al correo electrónico: recompensas@fiscaliamichoacan.gob.mx o llamar al número gratuito nacional 800 890 8106.
Descripción de Luis Felipe Duarte Gómez, presunto responsable
Luis Felipe Duarte Gómez, de 36 años, mide aproximadamente 1.70 metros, es de tez morena, complexión robusta, cejas pobladas y arqueadas, ojos medianos color café, nariz mediana de base ancha, boca mediana de labios gruesos, mentón ovalado y orejas grandes de lóbulo separado. Como señas particulares, usa barba y bigote en forma de candado y cuenta con una cirugía por trasplante de riñón.
La FGE informó que mantiene acciones operativas coordinadas con autoridades estatales y federales para localizar tanto al investigado como a las menores. También precisó que la recompensa no será aplicable a personas servidoras públicas relacionadas con instituciones de seguridad, justicia o sistema penitenciario, ni a sus familiares en los términos establecidos por la ley.
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