Colectivos alertan: iniciativa al CNPP endurece reglas y abre puerta a abusos

La reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que plantea cambios como la ampliación de la prisión preventiva oficiosa y la figura de jueces sin rostro, fue cuestionada por organizaciones civiles que alertan posibles afectaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Según los colectivos, el endurecimiento de las reglas procesales no garantiza mejores resultados en materia de justicia.

Reforma al CNPP y riesgos procesales

La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión regula la reserva de identidad de quienes juzgan, amplía los supuestos de prisión preventiva oficiosa y modifica criterios de detención en flagrancia. Colectivos señalaron que estos cambios se oponen a estándares internacionales y pueden facilitar detenciones arbitrarias.

La propuesta será discutida en los próximos días, en un contexto marcado por la reciente toma de posesión de la nueva fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos. Las organizaciones señalaron que su nombramiento no respetó lo establecido en la Constitución y en la Ley de la Fiscalía General de la República.

Entre los puntos señalados se encuentra la obligatoriedad para que los jueces apliquen las nuevas disposiciones penales, lo que —según los colectivos— tendría efectos negativos para víctimas y personas acusadas.

Jueces sin rostro y transparencia judicial

La reforma del CNPP retoma elementos de la Reforma Judicial de 2024, que introdujo la figura de jueces sin identidad pública en la Constitución. De acuerdo con las organizaciones, esta medida reduce la publicidad de las actuaciones judiciales y afecta la imparcialidad y el derecho de las partes a conocer quién decide en un proceso.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado en diversas resoluciones que esta figura contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las organizaciones afirmaron que México ya cuenta desde 2012 con la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, la cual no ha sido implementada de manera efectiva.

Prisión preventiva oficiosa y efectos en el sistema penal

La iniciativa amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Colectivos señalaron que esta medida se declaró inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no ha reducido la impunidad.

Por otra parte, datos de Hallazgos 2023 indican que los procesos con prisión preventiva oficiosa duran en promedio 306 días, frente a 213 días de los casos con prisión preventiva justificada. Según el reporte, sólo un 6% de las personas que enfrentan proceso en libertad incumple sus medidas cautelares.

Las organizaciones destacaron que estados como Querétaro casi no aplican esta medida y mantienen bajos índices de impunidad. Recordaron que, pese a que el homicidio doloso ha estado en el catálogo desde 2008, los casos aumentaron de 13 mil a 30 mil entre 2008 y 2025.

Detenciones en flagrancia y actos de molestia

La propuesta separa requisitos que actualmente deben cumplirse de manera conjunta para realizar una detención en flagrancia. De acuerdo con las organizaciones, esto permite también acreditarlas de manera independiente y abre la puerta a revisiones policiales sin elementos suficientes.

También se incorporan actos de investigación sin control judicial cuando se trate de delitos con prisión preventiva oficiosa. Para los colectivos, esto implica riesgos en la integridad personal y el debido proceso.

Llamado de organizaciones civiles

Las organizaciones firmantes solicitaron frenar la iniciativa al CNPP y abrir un diálogo amplio. Señalaron que la discusión en la Comisión de Justicia del Senado, prevista para el 9 de diciembre de 2025, se retiró del orden del día por tratarse de un asunto delicado. Pidieron que se construyan soluciones que fortalezcan la justicia y garanticen derechos.

Firmaron más de 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundación para la Justicia, México Evalúa, Impunidad Cero, México Unido Contra la Delincuencia y Artículo 19, así como decenas de personas a título individual.

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