Prohibir venta de comida chatarra no resuelve obesidad: CCE

Afirmó que esto generará una competencia desleal y fomentará el comercio informal. Foto: Cuartoscuro

Luego de que en Oaxaca se modificara la ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la venta de productos azucarados, así como comida chatarra a menores de edad, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su preocupación y afirmó que esto no resuelve el problema de obesidad.

A través de un comunicado, señaló que “esta medida no genera acciones reales para atacar el problema de raíz”, pues solo dañará las cadenas de valor, en particular a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de estos productos.

Además, resaltaron que también afecta la cadena productiva de los alimentos artesanales preenvasados, pues ocurre en un momento de crisis económica por la pandemia de COVID-19.

En el documento también afirman que, dado que la disposición solo se concentra en productos envasados, “generará una competencia desleal y fomentará el comercio informal, con las consecuentes afectaciones a las miles de familias que laboran en el sector de producción, venta y distribución de estos productos”.

Asimismo, destacó que para combatir los problemas de salud que atañen a la sociedad mexicana, es necesaria la creación de una política pública integral que incentive la actividad física, hábitos de vida saludables y otorgue la información necesaria para la toma de decisiones.

Llama a autoridades para enfrentar problemas de salud

El CCE expresó su respaldo a los diversos grupos empresariales locales y nacionales ante la falta de apertura o disposición de diálogo por parte los legisladores del estado y subrayó que la iniciativa privada está consciente de los retos de salud que existen, por ello eliminaron la venta de estos productos en escuelas.

Finalmente, realizó un llamado a las autoridades estatales y federales a establecer un verdadero diálogo para atender los problemas de salud de la población, que busque soluciones integrales, basadas en evidencia y sin afectar las economías regionales y el sustento de las millones de familias mexicanas que laboran en las cadenas de producción alimentarias y su comercialización.

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