¿Pueden sancionar a un legislador por robo dentro del Congreso?
Isidro Vargas, diputado local de Morena en el Congreso de Tamaulipas, fue sorprendido presuntamente guardando un micrófono, lo que desató el debate público sobre posibles sanciones hacia el legislador.
En el artículo 111 de la Constitución se establece los criterios para que un diputado o senador sea sancionado en caso de incurrir en un delito y cómo funciona el desafuero.
¿Se puede sancionar a Isidro Vargas por presuntamente robar un micrófono dentro del recinto legislativo?
En el caso específico de Isidro Vargas, al ser integrante del Congreso de Tamaulipas, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado detalla, en el artículo 7, que:
“Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:
Cualquier infracción a la Constitución local cuando cause perjuicios graves al Estado, a uno o varios municipios del mismo, o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”
En caso de que la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria: “se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta cinco años”
Además, la ley sobre la organización y funcionamiento internos del congreso establece en su artículo 138 que:
“El Congreso del Estado está facultado para aplicar cualquiera de las sanciones administrativas a sus servidores públicos”
Mientras que, a nivel federal, de acuerdo con el artículo 111, si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder, el funcionario queda a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Además, será separado de su cargo mientras esté sujeto al proceso penal.
Si el proceso termina en sentencia absolutoria, podrá reasumir su función.
En cambio, si la Cámara determina que no ha lugar a proceder, se suspenderá todo procedimiento ulterior mientras la persona continúe en el cargo. Esto no impide que la imputación pueda continuar cuando concluya su encargo, pues esa decisión no prejuzga sobre los fundamentos de la acusación.
La Constitución también establece que las declaraciones y resoluciones de las Cámaras relacionadas con este procedimiento son inatacables.
¿Qué es la declaración de procedencia o desafuero?
La declaración de procedencia, conocida de manera común como desafuero, es el procedimiento mediante el cual la Cámara de Diputados decide si una persona que ocupa un cargo protegido puede quedar a disposición de las autoridades para enfrentar un proceso penal.
La decisión se toma por mayoría absoluta de los diputados presentes en la sesión.
Es importante aclarar que la Cámara no determina si la persona es culpable o inocente. Su función consiste en resolver si puede procederse penalmente mientras mantiene el cargo.
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