De la acusación de EE. UU. al regreso al poder: la cronología del caso Rocha Moya
El 29 de abril de 2026, una acusación presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York colocó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el centro de una investigación por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El expediente no sólo incluyó al mandatario estatal, sino también a un senador en funciones, mandos policiales, exresponsables de seguridad y al alcalde de Culiacán.
Casi cuatro meses después, tras 112 días separado del cargo y después de asegurar que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), Rocha Moya regresó este viernes a Palacio de Gobierno para retomar las funciones para las que fue electo hasta octubre de 2027.
Entre ambos momentos se desarrolló una de las mayores crisis políticas y judiciales que ha enfrentado el gobierno sinaloense.
2021: Así fue su llegada al poder
Rubén Rocha Moya llegó a la gubernatura de Sinaloa tras las elecciones del 6 de junio de 2021. De acuerdo con los resultados electorales difundidos entonces, el candidato de Morena y del Partido Sinaloense obtuvo entre 55.8 y 58.4 por ciento de la votación, superando al aspirante de la coalición PAN-PRI-PRD, Mario Zamora.
Antes de asumir el cargo, Rocha Moya se desempeñaba como senador de la República por Morena desde septiembre de 2018, donde presidió la Comisión de Educación.
Su trayectoria política incluía candidaturas a la gubernatura en 1986 y 1998, además de haber sido rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa entre 1993 y 1997, coordinador de asesores de los gobernadores Jesús Aguilar Padilla y Quirino Ordaz Coppel, así como funcionario del ISSSTE.
El 29 de abril de 2026 llega la acusación de Estados Unidos
Cinco años después de su victoria electoral, el nombre de Rocha Moya apareció en una acusación federal estadounidense. Según informó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios fueron acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas.
De acuerdo con el expediente citado por autoridades estadounidenses, los acusados habrían conspirado con dirigentes del Cártel de Sinaloa para introducir a territorio estadounidense cargamentos de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.
La acusación sostuvo que funcionarios de seguridad y procuración de justicia supuestamente brindaron protección a integrantes de la organización criminal, filtraron información sobre operativos y facilitaron actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
La investigación señaló específicamente presuntos vínculos con la facción conocida como “Los Chapitos”.
Los 10 nombres acusados por EE. UU.
Además de Rocha Moya, la acusación incluyó a:
- Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal.
Las imputaciones referidas por la Fiscalía neoyorquina incluyeron conspiración para importar narcóticos y posesión o conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
La respuesta inmediata de Rubén Rocha
Horas después de conocerse la acusación, Rocha Moya emitió un posicionamiento público. A través de un mensaje difundido el 29 de abril de 2026, rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
El gobernador sostuvo que los señalamientos “carecen de veracidad y fundamento alguno” y aseguró que demostraría la falta de sustento de las acusaciones.
También afirmó que lo ocurrido constituía un ataque no sólo contra su persona, sino contra la Cuarta Transformación.
El impacto político que tuvieron las acusaciones
La acusación provocó reacciones inmediatas en distintos frentes políticos. Desde el Senado, la legisladora Lilly Téllez celebró la actuación de las autoridades estadounidenses y sostuvo que la justicia estaba llegando desde el extranjero.
En contraste, el senador Gerardo Fernández Noroña defendió al mandatario sinaloense y aseguró que no se había presentado una sola prueba en su contra.
En la Cámara de Diputados, Federico Döring, del PAN, manifestó respaldo a las acciones emprendidas por Estados Unidos, mientras que Rubén Moreira, coordinador del PRI, exigió un posicionamiento del Gobierno federal y planteó que Rocha Moya debería solicitar licencia mientras se desarrollaban las investigaciones.
El 30 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura sobre el caso. La mandataria afirmó que la FGR sólo actuaría si recibía pruebas “contundentes e irrefutables” y sostuvo que cualquier procedimiento debía realizarse bajo jurisdicción mexicana.
También señaló que México no permitiría injerencias extranjeras en decisiones que corresponden al país y reiteró como principios del caso la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía.
Rubén Rocha pide licencia de su cargo
Aunque un día antes había asegurado que no pediría licencia, el 1 de mayo de 2026 Rocha Moya anunció su separación temporal del cargo. En un mensaje dirigido a la ciudadanía afirmó que las acusaciones eran “falsas y dolosas” y sostuvo que tenía la conciencia tranquila.
La licencia, presentada ante el Congreso de Sinaloa, fue planteada como una medida para facilitar el desarrollo de las investigaciones.
Ese mismo día, el Cabildo de Culiacán aprobó la licencia del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, también incluido en la acusación estadounidense.
Detenciones y movimientos en el caso
Mientras avanzaba el proceso en Estados Unidos, uno de los principales acusados, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido el 11 de mayo en Arizona.
Posteriormente permaneció recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. Sin embargo, los registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos dejaron de reportarlo desde el 11 de agosto de 2026.
La documentación revisada indica que su salida del centro de detención no implica necesariamente que se encuentre en libertad o fuera de custodia de autoridades estadounidenses.
El regreso de Rubén Rocha a la gobernatura
Tras permanecer 112 días separado del cargo, Rocha Moya anunció este viernes su reincorporación como gobernador constitucional de Sinaloa.
En un mensaje público afirmó que compareció ante la FGR y atendió los requerimientos ministeriales sin acogerse al fuero constitucional.
También sostuvo que, tras las investigaciones desarrolladas durante ese periodo, no se encontraron elementos mínimos de prueba que acreditaran su participación en conductas delictivas. “Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto”, expresó.
Pocas horas después llegó a Palacio de Gobierno en Culiacán, donde encabezó una reunión de seguridad y sostuvo encuentros con integrantes de su gabinete.
Al ser cuestionado por una reportera sobre el motivo de su regreso, respondió con una frase breve: “Vengo a tomar posesión de nuevo”.
Morena se deslinda del regreso de Rocha Moya
La crisis política comenzó a profundizarse el 21 de agosto, cuando Morena emitió un comunicado para aclarar que no fue informado previamente sobre la decisión de Rubén Rocha Moya de retomar la gubernatura de Sinaloa.
El Comité Ejecutivo Nacional sostuvo que el regreso del mandatario fue una determinación estrictamente personal y dejó claro que el partido no participó en ella. Además, reiteró que respetaría las investigaciones que mantiene abiertas la Fiscalía General de la República.
Segob recuerda que las investigaciones siguen abiertas
Poco después del posicionamiento de Morena, la Secretaría de Gobernación también tomó distancia de la decisión del gobernador sinaloense.
La dependencia señaló que el regreso de Rocha Moya respondía exclusivamente a una determinación personal y recordó que las investigaciones de la Fiscalía General de la República relacionadas con los señalamientos en su contra permanecían abiertas.
Gobernadores de Morena pidieron actuar con responsabilidad
La presión política aumentó cuando las y los gobernadores surgidos de Morena difundieron un pronunciamiento de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el documento llamaron a Rocha Moya a actuar con responsabilidad y sostuvieron que ninguna decisión personal debe colocarse por encima del proyecto colectivo ni del mandato ciudadano. También advirtieron que ninguna autoridad debe actuar al margen de la ley o generar incertidumbre institucional.
Diputados de Morena solicitan que Rocha pida licencia
El mismo día, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados exhortó públicamente al mandatario sinaloense a reconsiderar su regreso al cargo.
Los legisladores señalaron que una separación temporal permitiría que las autoridades desarrollaran las investigaciones correspondientes sin cuestionamientos sobre su imparcialidad. Aclararon que el planteamiento no implicaba prejuzgar sobre la responsabilidad de Rocha Moya.
Sheinbaum publica mensaje sobre el poder y el servicio público
Horas después, la presidenta Claudia Sheinbaum difundió un mensaje en redes sociales que fue interpretado como una respuesta al debate generado por el regreso del gobernador.
“Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”, escribió la mandataria, al tiempo que sostuvo que los cargos públicos son temporales, pero la responsabilidad con la ciudadanía es permanente.
Tras la publicación de ese mensaje, Sheinbaum confirmó a reporteros que no sostuvo ninguna conversación con Rocha Moya antes de que retomara la gubernatura.
Incluso reveló que se enteró de la decisión a través de redes sociales y adelantó que abordaría el tema públicamente el lunes siguiente.
Rocha Moya vuelve a pedir licencia
Menos de 36 horas después de haber regresado al cargo, Rubén Rocha Moya presentó una nueva solicitud de licencia para separarse indefinidamente de la gubernatura.
Mediante un oficio dirigido al Congreso de Sinaloa, pidió que se aplicara el procedimiento constitucional correspondiente para cubrir la ausencia del titular del Poder Ejecutivo estatal.
Al anunciar su decisión, Rocha Moya difundió un mensaje en redes sociales en el que aseguró haber privilegiado al movimiento político por encima de cualquier interés personal.
“Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”, escribió el mandatario estatal.
Congreso aprueba por unanimidad la licencia
El 23 de agosto, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la solicitud de licencia indefinida presentada por Rocha Moya.
Con ello quedó formalmente abierta la ruta para designar a la persona que encabezará el gobierno estatal mientras se define el futuro político del mandatario morenista.
Sheinbaum califica de imprudente el regreso de Rocha
Durante su conferencia del 24 de agosto, Claudia Sheinbaum expresó por primera vez un desacuerdo directo con la decisión tomada por el gobernador.
“No estoy de acuerdo con lo que hizo de regresar al Gobierno”, afirmó la presidenta, quien calificó la medida como imprudente y cuestionó la necesidad de que volviera al cargo durante unas horas para luego solicitar nuevamente licencia.
Tras confirmarse la nueva separación del mandatario, Sheinbaum sostuvo que corresponde al Congreso de Sinaloa designar a una persona interina que garantice estabilidad política y gobernabilidad.
La mandataria pidió que el próximo perfil cuente con capacidad, honestidad, profesionalismo y compromiso con el pueblo sinaloense.
Ciudadanos y empresarios impulsan juicio político
Mientras el Congreso analiza la sucesión en el estado, un grupo de ciudadanos, empresarios y exfuncionarios presentó una solicitud formal de juicio político contra Rocha Moya.
Los promoventes argumentaron que existen diversos hechos ocurridos durante los últimos años que deben ser revisados por el Poder Legislativo, entre ellos episodios relacionados con el proceso electoral de 2021 y otros acontecimientos que, a su juicio, ameritan una investigación política y administrativa.
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