Sheinbaum plantea revisión de candidatos para detectar nexos con el narco

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno presentará una reforma a la ley electoral para incorporar mecanismos que permitan investigar posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado antes de competir por cargos públicos.
La iniciativa será enviada este jueves al Congreso de la Unión, donde Morena y sus aliados cuentan con mayoría legislativa. La intención es que las nuevas disposiciones entren en vigor para las elecciones de 2027, cuando se renovarán gubernaturas, alcaldías y el Poder Legislativo.
Reforma surge tras casos de funcionarios ligados al crimen
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció que en distintos municipios del país se han detectado casos de autoridades relacionadas con grupos criminales.
“Hemos vivido algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada”, señaló la mandataria.
El anuncio ocurre luego de que autoridades mexicanas informaran sobre la detención de seis políticos locales acusados de extorsión y presuntos nexos con el crimen organizado. Según el Gobierno federal, desde 2024 suman 70 funcionarios y actores políticos detenidos por delitos relacionados.
Comisión revisaría antecedentes de aspirantes
La propuesta contempla la creación de una comisión dependiente de las autoridades electorales encargada de revisar antecedentes de quienes busquen competir en elecciones.
De acuerdo con lo explicado por Luisa María Alcalde, consultora jurídica de Sheinbaum, el organismo verificaría con fiscalías y unidades antilavado que los aspirantes no tengan posibles vínculos con organizaciones criminales.
El mecanismo permitiría revisar información relacionada con:
- Investigaciones penales
- Operaciones financieras sospechosas
- Antecedentes criminales
- Posibles nexos con grupos delictivos
Sin embargo, la revisión no sería obligatoria para los partidos políticos.
Las dirigencias partidistas podrían entregar voluntariamente los nombres de sus candidatos a las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para descartar “riesgos razonables” de relación con el crimen organizado.
Resultados no serían vinculantes
El Gobierno federal explicó que los resultados de estas revisiones no impedirían automáticamente una candidatura.
No obstante, si se detectan posibles irregularidades o indicios de actividades criminales, la información podría derivar en investigaciones formales por parte de las autoridades judiciales.
Sheinbaum insistió en que su administración no protegerá a funcionarios o políticos señalados por vínculos criminales.
“No se encubre a nadie, cuando hay pruebas se procesa”, declaró.
Reforma ocurre en medio de presión de EEUU
La iniciativa también surge en medio de presiones del Gobierno estadounidense relacionadas con presuntos nexos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales.
Estados Unidos ha insistido en actuar contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, a quien autoridades estadounidenses relacionan con el Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Rocha solicitó licencia para separarse del cargo mientras continúan las investigaciones.
Sheinbaum afirmó que México ha pedido más pruebas al Departamento de Justicia de Estados Unidos antes de emprender acciones legales contra el funcionario.
Objetivo: elecciones de 2027
La reforma busca reforzar los controles sobre candidaturas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, consideradas una de las pruebas políticas más importantes para el actual Gobierno.
Además de renovar el Congreso federal, en esos comicios también estarán en disputa múltiples gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales en distintas entidades del país.
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