SRE manda nota diplomática a EE.UU. y pide pruebas contra Rocha Moya por presuntos nexos con el narco

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para solicitar pruebas sobre las acusaciones lanzadas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La mandataria aseguró que hasta ahora no existen evidencias públicas que sustenten los señalamientos.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que la petición enviada por la SRE surgió luego de consultas con la Fiscalía General de la República (FGR) y áreas jurídicas del Gobierno de México.

“Denos pruebas porque no hay pruebas”, expresó la presidenta al referirse a la solicitud hecha a autoridades estadounidenses.

Sheinbaum cuestiona información difundida desde EE.UU.

La mandataria también criticó los documentos e información que se han hecho públicos sobre el caso y cuestionó el nivel de sustento de las acusaciones.

Según explicó, lo difundido corresponde a “dichos de alguien” y a documentos parcialmente testados acompañados por anotaciones hechas a mano, lo que, dijo, no representa pruebas concluyentes.

Además, rechazó que corresponda a la Presidencia actuar directamente contra Rubén Rocha Moya y afirmó que cualquier procedimiento legal debe ser encabezado por la Fiscalía General de la República.

El pasado 30 de abril, Sheinbaum ya había advertido que la FGR solo procedería conforme a derecho si recibía pruebas “contundentes e irrefutables” sobre las acusaciones contra Rocha Moya. En aquella ocasión también aseguró que México no permitirá injerencias extranjeras en decisiones que correspondan al país.

Solicitudes contra 10 mexicanos detonaron el caso

La controversia comenzó después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibiera solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra 10 ciudadanos mexicanos, mismas que fueron turnadas a la FGR para su análisis jurídico.

Sin embargo, el Gobierno de México reclamó posteriormente que autoridades estadounidenses hicieran pública información relacionada con procesos que debían mantenerse bajo confidencialidad.

El pasado 4 de mayo, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que las solicitudes emitidas por Estados Unidos no equivalen a órdenes formales de extradición y que tampoco incluían elementos suficientes para justificar una detención provisional urgente.

La funcionaria señaló que el país requirente no aportó evidencia que acreditara la urgencia de las detenciones, por lo que era necesario solicitar más información y preservar la confidencialidad del proceso para garantizar el debido proceso.

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