Nueva reforma judicial genera polémica y riesgos para la independencia
A partir del 1 de septiembre de 2025, entra en vigor una nueva reforma judicial en México, la primera desde la administración de Ernesto Zedillo en 1994. La reforma reduce el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y modifica el proceso de selección, vinculándolo estrechamente con simpatizantes del partido gobernante.
En Noticias en Claro, la analista María Amparo Casar afirmó:
“Servirá a las personas que son simpatizantes del nuevo régimen que se ha fundado en México, que empezó en 2018 y se constitucionalizó con las reformas que dejó López Obrador y que implementó la nueva legislatura”.
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Casar explicó que la reforma permite nombramientos que no necesariamente cumplen con los requisitos académicos o profesionales establecidos, y advirtió sobre el riesgo de un Poder Judicial alineado políticamente.
Principales preocupaciones sobre la reforma judicial
La especialista destacó que, pese a los cambios, los defectos históricos del Poder Judicial podrían persistir:
- Nepotismo en la designación de jueces y magistrados.
- Compra de jueces y fallos influenciados por intereses políticos.
- Limitada interacción ciudadana, ya que solo el 5% de los adultos ha pisado un tribunal.
“Cuando los ciudadanos se topen con un juez decente, recibirán justicia, pero en muchos casos las sentencias seguirán siendo manipuladas políticamente”, advirtió Casar.
Comparación con reformas previas
Casar recordó que la reforma de Zedillo (1994) requería negociación con la oposición, incluso sin mayorías constitucionales:
“La conducta y las prácticas eran mucho más democráticas. El PRI se sentaba a discutir y negociar, como manda la democracia, con adversarios y oposición”
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En contraste, la analista subrayó que la reforma actual ignora a los coordinadores parlamentarios de oposición, consolidando un modelo de hiperpresidencialismo judicial:
“Se nos acabó la división de poderes con esta reforma judicial. Es verdaderamente una tragedia”.
Impacto en los ciudadanos
Respecto al efecto en la población, Casar señaló que la reforma podría reducir la confianza en el Poder Judicial:
“No va a ser un Poder Judicial insobornable. La cúpula está cooptada y la justicia seguirá dependiendo del nivel del juez o magistrado con que te topes”.
Según la analista, los ciudadanos deben ser conscientes de que, aunque algunos jueces son decentes y honorables, la estructura centralizada y politizada afectará la percepción de imparcialidad y la efectividad del sistema judicial.
