Seguirá siendo requisito; gobernador de Michoacán veta eliminación de Carta de No Antecedentes

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó este 31 de marzo un veto al decreto que eliminaba la Carta de No Antecedentes Penales como requisito para cargos de elección popular, por lo que el documento continuará siendo obligatorio para quienes busquen contender en elecciones.
Con esta decisión, el mandatario también solicitó al Congreso local revisar nuevamente la medida, al considerar que es necesaria para la estabilidad del estado.
Gobernador de Michoacán veta eliminación de Carta de No Antecedentes
A través de un mensaje público, Ramírez Bedolla justificó el veto al señalar que, ante el contexto actual, es indispensable mantener filtros en los procesos electorales.
“He firmado el veto al decreto que exenta la Carta de No Antecedentes Penales para cargos de elección popular. Ante los retos actuales, es indispensable garantizar que no se infiltre ningún perfil indeseable en las candidaturas”, expresó.
El gobernador insistió en que el Congreso debe valorar nuevamente esta exigencia.
Congreso de Michoacán había eliminado el requisito
Días antes, el Congreso de Michoacán aprobó una reforma al Código Electoral estatal que permitía el registro de candidaturas sin la Carta de No Antecedentes Penales.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Diana Espinoza Mercado, bajo el argumento de armonizar la legislación local con criterios constitucionales.
SCJN ha considerado inconstitucional exigir carta de antecedentes
La reforma retomaba lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 133/2022.
En esa resolución, el máximo tribunal determinó que exigir este documento para competir en elecciones vulnera derechos político-electorales, en particular el derecho de la ciudadanía a ser votada.
Gobierno de Michoacán defiende medida por seguridad
Pese a ese criterio, el gobernador sostuvo que la medida es necesaria para evitar la infiltración de perfiles vinculados a la delincuencia.
El tema cobra relevancia en un estado como Michoacán, donde la presencia de grupos criminales ha sido señalada de forma recurrente como un factor de riesgo en procesos electorales y de gobernabilidad.
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