Un fallo técnico de cinco segundos frena la justicia para madre buscadora en Quintana Roo
En Cancún, la búsqueda de justicia para una joven víctima de feminicidio sufrió un revés inesperado: un juez federal otorgó un amparo a un exfuncionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a una falla técnica mínima en una audiencia.
El incidente que cambió el rumbo del proceso fue un ruido de apenas cinco segundos en la grabación de la audiencia de vinculación a proceso, provocado por la presión accidental de una tecla.
Ese detalle fue suficiente para invalidar parte del procedimiento y conceder el amparo.
Es el caso de Francisca Mariner Flores Patrón, una joven de 17 años asesinada en 2020. Aunque su cuerpo fue localizado casi de inmediato, permaneció más de cuatro años en el Servicio Médico Forense (Semefo) sin ser identificado, en medio de omisiones y presuntas negligencias.
Su madre, María Dolores Patrón, transformó el dolor en activismo. Fundó el colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo y encabezó protestas para visibilizar las fallas institucionales que retrasaron la identificación de su hija hasta diciembre de 2024.
“Inicié un proceso legal contra los servidores públicos que cometieron negligencias y omisiones contra mi hija… el fiscal sabía que había indicios claros de que se trataba de una mujer que presentaba tortura y como tal debería turnarse, el fiscal no le tomó el perfil genético al cuerpo, lo guardó en la Semefo, tampoco turnó la carpeta de investigación al área de feminicidios, tampoco inició la investigación para la localización de los familiares del cuerpo y tampoco investigó nada”. María Dolores Patrón, madre buscadora
Durante el proceso judicial, la audiencia clave quedó marcada por el error técnico.
“En la audiencia de vinculación, desafortunadamente el secretario de actas mínimas, apretó un botón en la computadora y se escuchó un ruido de unos cinco segundos en el trayecto de la audiencia, eso bastó y motivó que el Juez federal le otorgara ese amparo”, María Dolores Patrón, madre buscadora.
El caso no se limita a un solo funcionario. Otros servidores públicos enfrentan procesos por posibles irregularidades: una agente del Ministerio Público que tardó un año en solicitar pruebas genéticas, la titular de la Fiscalía especializada en desapariciones y un perito señalado por alterar registros.
La audiencia de vinculación ha sido reprogramada, mientras continúan los procedimientos contra los implicados, entre ellos una agente que inició la denuncia por desaparición, pero demoró diligencias clave, así como autoridades responsables de la cadena de custodia y análisis forense.
“Si eso como colectivo lo vivimos, qué no vivirá la gente que no pertenece a ningún colectivo… no son errores como ellos dicen, fueron negligencias y omisiones porque no puede ser que en todas las áreas se hayan cometido errores y eso se repite con cada víctima”, María Dolores Patrón, madre buscadora
Para las madres buscadoras, cada obstáculo judicial representa más que un trámite: significa volver a empezar en una lucha constante contra la impunidad.
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