Cofepris “pasa la charola” a una industria que tampoco tiene con qué pagar
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) busca modernizar sus sistemas y agilizar trámites, pero el método de financiamiento para lograrlo sigue generando cuestionamientos entre legisladores e industrias reguladas.
En la primera parte de este reporte especial se documentó cómo la dependencia propuso a distintos sectores financiar su plan de digitalización mediante “donaciones”, un esquema que algunos calificaron como un “pase de charola”.
Cofepris busca 60 millones para modernizar trámites
El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez, aseguró que Cofepris tiene un papel clave en la economía nacional, aunque opera con sistemas rezagados.
“…La Cofepris tiene que ver en México con casi el 20% de todo lo que se produce y se consume, es una autoridad regulatoria que tiene muchas facultades hoy en el siglo XXI, pero como muchas veces opera con sistemas del siglo XX y con presupuestos del siglo XIX…”
Durante el primer trimestre del año, Cofepris presentó a sectores médico, farmacéutico, alimentario y pesquero una propuesta para reunir 60 millones de pesos destinados a desarrollar el llamado Plan de Digitalización 2026.
El proyecto busca mejorar procesos relacionados con registros, licencias, permisos, certificados, avisos y vigilancia sanitaria.
Sin embargo, legisladores señalaron que el esquema llegó acompañado de acuerdos de confidencialidad y con fundamentos legales que consideran insuficientes para justificar la solicitud de recursos a los propios regulados.
La diputada panista Diana Gutiérrez criticó el mecanismo impulsado por la dependencia.
“Todo lo que juraron destruir y no ser, hoy lo están siendo, lo están remasterizando”.
Industria pesquera revela solicitud de millones
Uno de los documentos revisados corresponde a una circular interna de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA), donde se confirma que a este sector también se le pidió participar económicamente en el proyecto.
De acuerdo con el documento, la aportación solicitada fue de 3 millones de pesos, equivalente al cinco por ciento del total requerido para la digitalización.
En las reuniones participaron funcionarios de la Fundación IMSS y de la propia Cofepris.
La misma circular también dejó claro que la industria pesquera no cuenta con recursos suficientes para cubrir esa aportación.
Acusan temor a represalias
El caso de la industria pesquera no sería aislado. Representantes de otros sectores señalaron que existen empresarios que prefieren guardar silencio por temor a represalias de la autoridad sanitaria.
Óscar Zavala, presidente de la UNIFACC, afirmó que dentro de la Cofepris predominan perfiles políticos.
“La mayoría de los directores ejecutivos que están en la Cofepris son personas más políticas que expertos en la materia regulatoria”.
Por su parte, el diputado Éctor Jaime Ramírez aseguró que algunas empresas evitan denunciar públicamente por miedo a afectar futuros trámites.
“A veces no lo quieren denunciar porque los van a tomar de ojeriza en un gobierno que se ha caracterizado últimamente por una como si fuera una dictadura sanitaria”.
Cofepris presume avances sin mencionar financiamiento
Mientras avanzan las críticas, el titular de Cofepris, Víctor Hugo Borja, destacó recientemente avances en simplificación de trámites y acompañamiento técnico para industrias reguladas.
“En Cofepris tomamos en serio la inversión, queremos que el sector farmacéutico, de dispositivos médicos, de innovación sanitaria y de manufactura especializada, plaguicidas y de investigación en México crezca con reglas claras, tiempos calculables y acompañamiento técnico”.
Sin embargo, en sus declaraciones no hizo referencia al esquema de financiamiento ni a las solicitudes de donaciones hechas a sectores regulados.
Cuestionan necesidad de pedir donaciones
Legisladores también cuestionaron que Cofepris busque recursos privados cuando el Gobierno federal presume ahorros de hasta 73 mil millones de pesos por combate a la corrupción.
Con un costo estimado de 60 millones de pesos para el plan de digitalización, críticos se preguntan cuántos proyectos similares pudieron financiarse sin recurrir a aportaciones de la industria regulada.
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