Derechos borrados, la discapacidad en México sigue relegando a ciudadanos a la segunda categoría
Pese a los compromisos internacionales asumidos por el Estado, la discapacidad en México sigue enfrentando barreras estructurales en salud, educación, movilidad y empleo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil 300 millones de personas viven con alguna discapacidad en el mundo, mientras que en México representan un porcentaje significativo de la población, con mayor afectación entre las mujeres.
En materia de salud, los testimonios revelan falta de atención especializada, altos costos de tratamientos, como los implantes cocleares, y carencias en servicios con enfoque de derechos humanos, a pesar de que el país forma parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Además, en educación persisten prácticas de exclusión, rezago y dificultades para acceder a herramientas como el sistema Braille o tecnologías adaptadas, lo que impacta en los niveles de escolaridad y en las oportunidades de desarrollo profesional.
La movilidad es otro de los grandes pendientes. Elevadores fuera de servicio, señalización deficiente y transporte público poco accesible obligan a muchas personas a pagar traslados más costosos o limitar sus desplazamientos. Especialistas advierten que la accesibilidad no solo beneficia a quienes viven con discapacidad, sino también a una población que envejece aceleradamente. Sin embargo, la inversión en infraestructura incluyente continúa siendo mínima y desigual entre estados.
En el ámbito laboral, la discriminación y la brecha salarial persisten. Organizaciones civiles han logrado colocar a miles de personas en empleos formales, pero la tasa de ocupación sigue por debajo de la población sin discapacidad y los ingresos son menores. Aunque el Gobierno federal otorga apoyos económicos, expertos señalan que el asistencialismo no sustituye políticas integrales. El debilitamiento del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), y la falta de consulta directa a esta población, reflejan que la inclusión plena aún es una deuda pendiente.
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