Jubilados mexicanos piden intervención de EE. UU. por ley contra pensiones doradas

Un grupo de jubilados del sector energético en México solicitó la intervención del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para que se observe el impacto de la reforma contra las llamadas “pensiones doradas”, recientemente aprobada y ya en aplicación.
De acuerdo con los pensionados, la medida no sólo busca ajustar los esquemas de retiro más altos en el sector público, sino que ya estaría afectando pensiones previamente otorgadas, lo que, advierten, implica una posible violación a derechos adquiridos.
Jubilados acusan que se afectan pensiones ya otorgadas
En una carta dirigida al Departamento de Estado, más de 93 mil jubilados agrupados en organizaciones del sector energético señalaron que la reforma ha comenzado a aplicarse de forma retroactiva, modificando condiciones bajo las cuales se jubilaron tras décadas de servicio.
Los firmantes sostienen que sus pensiones fueron constituidas bajo marcos legales vigentes, como la legislación de Petróleos Mexicanos y disposiciones administrativas firmes, por lo que consideran que se trata de derechos patrimoniales consolidados.
En ese sentido, advierten que cualquier cambio unilateral vulnera principios constitucionales como la no retroactividad de la ley, la legalidad y la seguridad jurídica.
Reforma contra “pensiones doradas” abre debate por alcance real
La reforma ha sido impulsada bajo el argumento de corregir excesos en esquemas de retiro de altos funcionarios y personal de confianza, conocidas como “pensiones doradas”; sin embargo, los jubilados sostienen que su aplicación no distingue entre beneficios considerados excesivos y derechos previamente adquiridos.
Según exponen, la falta de claridad en las disposiciones transitorias ha generado incertidumbre, ya que no se establecen con precisión los montos ni los mecanismos de ajuste, dejando estos puntos a legislación secundaria aún pendiente.
Advierten impacto en inversión y compromisos internacionales
Más allá del efecto individual, los pensionados alertan que el precedente podría tener implicaciones mayores en el sistema jurídico mexicano.
En su argumento, señalan que permitir la modificación retroactiva de derechos podría afectar la confianza en sectores estratégicos como el energético, donde la estabilidad de contratos y reglas es clave.
Incluso, plantean que el caso podría incidir en compromisos internacionales asumidos por México, como el T-MEC y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al poner en duda la protección de derechos adquiridos.
Piden observación internacional del caso
Ante este escenario, los jubilados solicitaron que el Gobierno de Estados Unidos considere el tema dentro de sus análisis sobre Estado de derecho y seguridad jurídica en México, así como su posible impacto en condiciones de inversión.
También pidieron que, en el ámbito internacional, se dé seguimiento al caso como un posible precedente sobre la estabilidad de derechos en el país.
Los firmantes subrayan que su solicitud no tiene un carácter político, sino que responde a una preocupación jurídica por la forma en que la reforma contra las “pensiones doradas” podría estarse aplicando en la práctica.
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