Iniciativa busca reforzar reforma judicial de Morena: de qué trata y a quién impacta

Diputados del grupo parlamentario de Morena presentaron en San Lázaro una iniciativa de reforma constitucional para modificar el proceso de elección de personas juzgadoras, con cambios que impactarían directamente la implementación de la reforma judicial.
El ajuste central plantea posponer la elección del segundo paquete de juzgadores hasta 2028, con el objetivo de dar tiempo a la creación de un sistema de certificación técnica obligatoria, que, según los legisladores, permitirá fortalecer el control y la profesionalización del Poder Judicial.
Morena plantea mover elección judicial a 2028 para rediseñar el proceso
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la eliminación del vínculo con el calendario electoral federal, lo que abre la puerta a reprogramar la elección judicial.
Con ello, Morena propone que el siguiente proceso se realice en 2028, argumentando que se requiere tiempo para diseñar e implementar un modelo más técnico de selección. Este cambio impactaría directamente a los aspirantes a cargos judiciales y al calendario de renovación del Poder Judicial.
Certificación técnica obligatoria: el eje de la reforma
La iniciativa introduce como requisito indispensable una certificación de competencias vigente, que deberá ser emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Este modelo sustituye criterios anteriores como los promedios académicos, y apuesta por evaluaciones basadas en conocimientos y capacidades técnicas. Además, se plantea homologar este esquema tanto a nivel federal como local.
En términos constitucionales, la propuesta contempla reformas a los artículos 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122, que abarcan desde requisitos de elegibilidad hasta el funcionamiento interno de los órganos judiciales y sus procesos de selección.
Desaparecen comités y se crea un órgano único de evaluación
Otro cambio clave es la eliminación de los comités de evaluación de cada Poder de la Unión, para dar paso a un Comité Único de Evaluación.
Este nuevo órgano centralizaría los procesos de selección, con la intención de hacerlos más transparentes, técnicos y uniformes, además de reducir requisitos considerados no objetivos.
Cambios en tribunales y reglas internas del Poder Judicial
La propuesta también incluye ajustes en la operación interna del Poder Judicial. Entre ellos, se establece que la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se renovará cada dos años, sin posibilidad de reelección inmediata.
Asimismo, el Tribunal de Disciplina Judicial elegirá a su presidencia bajo el mismo esquema, mientras que se refuerzan requisitos de experiencia para integrar órganos clave, como una antigüedad mínima de 10 años de título profesional y experiencia dentro del Poder Judicial.
Sentencias de la Corte y vacantes: buscan mayor control y claridad
En cuanto al funcionamiento judicial, la iniciativa plantea que las sentencias de la Suprema Corte sean obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales, siempre que exista una tesis publicada.
También se propone actualizar el mecanismo para cubrir vacantes, con el objetivo de hacerlo más ágil y transparente.
¿A quién impacta esta reforma judicial?
Los cambios impactarían directamente a:
- Aspirantes a cargos judiciales
- Integrantes del Poder Judicial federal y local
- Órganos de evaluación y formación judicial
- Autoridades encargadas de organizar elecciones judiciales
Además, la ciudadanía se vería indirectamente involucrada, al tratarse de un rediseño del sistema de selección de candidatos a jueces y magistrados.
Una reforma con enfoque técnico en medio del debate político
La iniciativa se presenta como un intento por consolidar un Poder Judicial más profesional e independiente, basado en criterios técnicos y de evaluación.
Sin embargo, el planteamiento de posponer la elección judicial a 2028 podría abrir un nuevo frente de discusión política sobre los tiempos, el control del proceso y el alcance de la reforma impulsada por Morena.
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