California estrena un programa de confidencialidad para proteger a quienes ayudan a inmigrantes
El gobernador Gavin Newsom firmó en California la ley AB 2624, una norma que habilita un programa oficial para que los trabajadores y voluntarios que prestan ayuda a personas inmigrantes puedan ocultar sus direcciones residenciales.
Asimismo, la legislación sanciona severamente la difusión de estos datos personales en Internet cuando se realice con el objetivo de incitar al acoso o la violencia, según reportó Los Ángeles Times. El nuevo programa de confidencialidad entrará en vigencia formalmente el próximo 1 de octubre de 2027.
¿Cómo funcionará la ley AB 2624 en California?
Este proyecto de la Asamblea fue impulsado y presentado por la asambleísta demócrata Mía Bonta. La iniciativa crea un mecanismo de protección de datos personales para quienes brindan servicios legales y humanitarios a las comunidades migrantes, enfocado en profesionales o voluntarios que se sientan amenazados, acosados o hayan sufrido episodios de violencia derivados de su labor.
Para acogerse al beneficio, los solicitantes deberán inscribirse formalmente ante la Secretaría de Estado de California, justificar o documentar las amenazas o el riesgo sufrido y obtener una dirección alternativa sustituta, la cual será aceptada por todas las agencias e instituciones gubernamentales del estado.
El gobernador Newsom firmó esta iniciativa junto a un paquete de otros cuatro proyectos de ley, entre los cuales destacan regulaciones sobre el uso indebido de la inteligencia artificial en el ejercicio del Colegio de Abogados del Estado, procesos de mediación en casos de custodia de menores, la publicación digital obligatoria de auditorías a gobiernos locales y el fortalecimiento de la enseñanza de salud en las escuelas públicas.
Alcance de la norma y reacciones contradictorias
La nueva ley abarca a un amplio abanico de defensores y colaboradores, incluyendo proveedores de servicios, empleados y voluntarios de organizaciones sin fines de lucro, clínicas legales comunitarias, bufetes de abogados y centros de salud dedicados a la atención de personas migrantes.
Pese al respaldo oficial, la medida ha generado fuertes tensiones políticas. El asambleísta republicano por San Diego, Carl DeMaio, catalogó despectivamente la iniciativa como la “Ley para Detener a Nick Shirley”, haciendo referencia explícita al influyente creador de contenido digital.
Según la postura planteada por DeMaio, este tipo de regulaciones restringe y obstaculiza el trabajo de recopilación informativa de la prensa y los investigadores independientes. Asimismo, Carolyn Iodice, representante de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, explicó a Los Ángeles Times que, en ocasiones anteriores, legislaciones de corte similar han sido utilizadas como herramientas legales para limitar el libre ejercicio periodístico.
La firme postura defensora de la asambleísta Mía Bonta
Frente a los señalamientos de la oposición, la impulsora del proyecto rechazó tajantemente que la confidencialidad de los datos personales atente contra la libertad de información.
“El proyecto de ley AB 2624 trata fundamentalmente de libertad: la libertad de vivir sin miedo, que permite a nuestros proveedores de servicios para inmigrantes realizar su trabajo, y la libertad de prensa para ejercer su labor sin que se la confunda con la práctica de revelar información personal que este proyecto de ley pretende evitar. Estas dos libertades nunca han estado en conflicto. En este momento, nuestros proveedores de servicios para inmigrantes viven con miedo debido a extremistas que buscan demonizar el trabajo que realizan y a las poblaciones a las que sirven. Esta es una consecuencia intolerable de la retórica antiinmigrante que existe actualmente”, declaró la asambleísta Bonta mediante un comunicado oficial.
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