Trump activa regla que permite negar asilo por riesgos a la salud pública en EE. UU.

2 enero, 2026 | 11:32 | Mario Ostos | Uno TV

EE. UU. podría negar asilo por medidas sanitarias. Reuters

La Administración Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ), activó una normativa que permite denegar solicitudes de asilo por riesgos a la salud pública en Estados Unidos, en casos relacionados con emergencias sanitarias y enfermedades contagiosas. La medida entró en vigor el 31 de diciembre de 2025, tras la publicación oficial de la notificación en el Registro Federal.

La regla, denominada Restricciones de seguridad y tramitación (Security Bars and Processing), permite a las autoridades migratorias a declarar inelegibles para el asilo o la suspensión de remoción a extranjeros que representen un riesgo para la salud pública, de acuerdo con los criterios establecidos durante una emergencia sanitaria. El anuncio oficial del DHS fue publicado el 29 de diciembre de 2025.

Restricciones de asilo por salud pública y emergencias sanitarias

La disposición retoma elementos aplicados durante los primeros meses de la pandemia de covid-19, cuando el Gobierno de EE. UU. invocó el Título 42 para realizar expulsiones aceleradas de migrantes con el argumento de limitar la transmisión del virus. En ese periodo, se restringió el ingreso de personas provenientes o en tránsito por países con brotes activos de enfermedades contagiosas.

Bajo ese esquema, los migrantes no accedieron a:

Entrevistas de miedo creíble
Evaluaciones individuales de asilo
Recursos ante jueces de inmigración

Las expulsiones realizadas por motivos sanitarios no fueron clasificadas como deportaciones formales. La nueva norma preserva la facultad de las autoridades para aplicar criterios similares en futuras emergencias de salud pública.

Países o regiones con brotes y su impacto en el asilo

La regulación contempla que el Gobierno de EE. UU. pueda designar países o regiones específicas que registren brotes de enfermedades transmisibles consideradas un riesgo sanitario. Esta clasificación podrá ser utilizada para rechazar solicitudes de asilo de personas originarias o procedentes de esas zonas.

La Administración Trump reactivó la norma tras años de retrasos en su implementación. Aunque la regla final fue publicada originalmente en diciembre de 2020, su entrada en vigor fue pospuesta en repetidas ocasiones durante la Administración Biden, sin que llegara a ser revocada.

Cambios técnicos y continuidad de la política migratoria

En la versión actualizada de 2025, el DHS y el DOJ eliminaron enmiendas consideradas obsoletas, pero mantuvieron sin modificaciones las disposiciones prácticas relacionadas con la salud pública. Con ello, las agencias federales conservaron la capacidad de aplicar vetos de asilo y suspensión de remoción cuando se identifiquen riesgos sanitarios durante emergencias.

De acuerdo con el comunicado oficial, la regla forma parte de los esfuerzos del Gobierno de Trump para reforzar los criterios de seguridad en los procesos migratorios y limitar el acceso al asilo en casos considerados de riesgo.

Suspensión de solicitudes de asilo en EE. UU.

El 2 de diciembre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) suspendió todas las solicitudes de asilo, mientras se lleva a cabo una revisión exhaustiva de los procedimientos. La activación de la regla de vetos por salud pública se suma a este contexto de mayor escrutinio sobre los procesos de asilo.

Organizaciones defensoras de derechos de los migrantes señalaron también que, durante la vigencia del Título 42, más de 2.2 millones de extranjeros se expulsaron de manera expedita. En declaraciones públicas, activistas advirtieron que estas políticas expusieron a miles de personas a situaciones de riesgo, pese a contar con motivos para solicitar protección internacional.

Capacidad legal para negar asilo por motivos sanitarios

Con la entrada en vigor de esta normativa, las autoridades migratorias de EE. UU. mantienen la potestad legal de negar el asilo por motivos de salud pública, incluso sin la existencia de un programa específico como el Título 42. La regla refuerza el marco bajo el cual el Gobierno puede actuar durante futuras emergencias sanitarias que considere una amenaza para la seguridad nacional.