“En Veracruz no hay terrorismo”, afirma Rocío Nahle tras detención de periodista

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que en la entidad no existe terrorismo, al referirse a la detención del reportero de nota policiaca Rafael “Lafita” León, ocurrida en el municipio de Coatzacoalcos y señalado por el delito de terrorismo.

Durante una rueda de prensa, la mandataria estatal señaló que este martes vence el plazo constitucional para que un juez determine la situación jurídica del imputado, por lo que, en respeto al debido proceso, evitó emitir una opinión de fondo hasta que se resuelva la audiencia de vinculación a proceso.

Nahle García indicó que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de informar oficialmente sobre los detalles de la detención y la imputación, la cual ha generado preocupación entre periodistas y organizaciones civiles, ante un posible uso indebido del tipo penal de terrorismo contra un comunicador.

La gobernadora dijo coincidir plenamente con la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, y reiteró que no adelantará juicios mientras el proceso legal continúe en curso.

Subrayó que corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a la ley.

Se espera que, una vez concluida la audiencia correspondiente, la Fiscalía General del Estado emita un posicionamiento oficial sobre el caso y la situación jurídica del comunicador.

Reacciones del gremio periodístico

La detención de Rafael “Lafita” León, el 24 de diciembre en Coatzacoalcos, provocó una amplia reacción en el gremio periodístico, cuyos integrantes han advertido una posible criminalización del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Veracruz.

¿Qué sanciones tiene el delito de terrorismo?

De acuerdo con el artículo 311 del Código Penal del Estado de Veracruz, comete el delito de terrorismo quien, mediante el uso de explosivos, armas de fuego, sustancias tóxicas, incendios o inundaciones, realice actos contra personas, bienes o servicios públicos con el objetivo de generar alarma, temor o terror en la población, perturbar la paz pública o presionar a la autoridad.

Este delito contempla penas de tres a 30 años de prisión, además de multas y la suspensión de derechos políticos. Además, se contemplan sanciones de uno a nueve años de cárcel para quien, teniendo conocimiento de actividades terroristas, no las informe a las autoridades.

Asimismo, el artículo 312 prevé castigos de cinco a 25 años de prisión para quien administre recursos vinculados con actos terroristas, mientras que el artículo 313 amplía la definición a quienes provoquen falsas alarmas o simulaciones con el propósito de generar pánico o zozobra social.