Exigen a Irán frenar uso ilegal de la fuerza tras 28 muertos en protestas

Las protestas en Irán contra el deterioro de la economía han dejado al menos 28 personas muertas, incluidos menores, en medio de una dura respuesta de las fuerzas de seguridad. Las movilizaciones se han registrado en varias ciudades del país y han sido reprimidas con armas de fuego, según denuncias de organizaciones internacionales de derechos humanos.

Ante este escenario, Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) alertaron sobre un “patrón mortal” en la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes y exigieron a las autoridades detener de inmediato el uso ilegal de la fuerza contra manifestantes, en su mayoría pacíficos.

Diana Eltahawy, subdirectora de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África, pidió al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán que ordene “inmediatamente a las fuerzas de seguridad que pongan fin al uso ilegal de la fuerza y las armas de fuego” contra quienes protestan.

Eltahawy advirtió que las escenas actuales recuerdan al levantamiento “Mujer, Vida, Libertad” de 2022, tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini. Señaló que quienes alzan la voz frente a décadas de represión se enfrentan otra vez a disparos ilegales, persecuciones, detenciones y golpizas por parte de los cuerpos de seguridad.

HRW denuncia impunidad y política de Estado

En la misma línea, Michael Page, subdirector de Human Rights Watch para la región, denunció la “impunidad sistemática” de los agentes que cometen violaciones graves. Afirmó que el uso de armas para reprimir protestas “sigue arraigado como política de Estado”.

Ambas organizaciones señalaron al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a la Policía iraní por emplear rifles, escopetas con perdigones metálicos, cañones de agua, gases lacrimógenos y palizas para dispersar e intimidar a manifestantes.

Detenciones, confesiones forzadas y reclamos

HRW y AI también denunciaron que las autoridades coaccionan a detenidos para que confiesen delitos como “provocar disturbios”. Por ello, exigieron la liberación inmediata e incondicional de todas las personas arrestadas solo por participar pacíficamente en las protestas o apoyar públicamente las movilizaciones.

Las organizaciones recordaron que quienes permanecen bajo custodia deben estar protegidos contra la tortura y otros malos tratos, conforme al derecho internacional.

La denuncia se basa en 26 entrevistas con manifestantes, testigos, defensores de derechos humanos, periodistas y personal sanitario, además del análisis de decenas de videos verificados y declaraciones oficiales.

El trasfondo de las protestas es la caída del poder adquisitivo, marcada por el desplome histórico del rial, en un contexto de mayores sanciones de Estados Unidos y tensiones por el programa nuclear iraní.

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