Maduro: de presidente de Venezuela a enemigo de EE. UU.
El presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos tras un bombardeo en Caracas y otras regiones de Venezuela el sábado 3 de enero de 2026, según informó Donald Trump. Maduro, conocido por presentarse como un “presidente obrero”, ahora enfrenta cargos internacionales por narcotráfico y conspiración ante tribunales estadounidenses.
Maduro, de 63 años, subió al poder tras la muerte de Hugo Chávez en 2013 y estaba cumpliendo su tercer mandato (2025-2031), que habría sumado 18 años en el poder. Durante su gobierno, ha enfrentado masivas protestas, sanciones internacionales, hiperinflación y una grave crisis económica en un país de casi 30 millones de habitantes.
Su estilo combina discursos prolongados, referencias a la cultura popular, anécdotas personales y un intento de proyectar cercanía con el pueblo. A pesar de esto, ha sido acusado de violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y represión de manifestaciones. La Corte Penal Internacional abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad.
Cilia Flores y el poder tras bastidores
Flores, de 69 años, fue diputada y presidenta de la Asamblea Nacional. Conocida como “Cilita”, ha sido una figura influyente en la política venezolana y acompañó a Maduro durante toda su administración. Ambos fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante el operativo.
Durante su mandato, Maduro mantuvo cierta cooperación con Estados Unidos, incluyendo la liberación de familiares condenados por narcotráfico y la negociación parcial del comercio petrolero. Sin embargo, la relación con Washington siempre estuvo marcada por tensiones y acusaciones de liderar el Cartel de los Soles, cuya existencia ha sido cuestionada por algunos expertos.
Además, Maduro combina su ideología marxista y bolivariana con creencias cristianas, asegurando que “Cristo está con nosotros”, y mantiene vínculos con comunidades evangélicas en el país.
Hoy, Maduro y Flores enfrentan procesos judiciales en EE. UU., mientras Venezuela y la comunidad internacional observan las posibles consecuencias de su captura en la estabilidad regional.
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