“No es presidente de Venezuela, es jefe de un Cártel”: de esto acusa EE. UU. a Nicolás Maduro
Estados Unidos sostiene que Nicolás Maduro Moros no es el presidente legítimo de Venezuela y lo acusa de encabezar una estructura criminal de alcance internacional vinculada al narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Así lo afirmó públicamente el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
El funcionario escribió en su cuenta de X: “Maduro NO es el presidente de Venezuela y su régimen NO es el gobierno legítimo. Maduro es el jefe del Cártel de los Soles, una organización narco-terrorista que se ha apoderado de un país. Y enfrenta una acusación formal por introducir drogas en Estados Unidos”.
Estas acusaciones forman parte de un amplio entramado judicial anunciado por el gobierno de Estados Unidos desde marzo de 2020 y actualizado este año, en el que se señala a Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos, así como a líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de participar durante más de dos décadas en conspiraciones de narcotráfico, narco-terrorismo, lavado de dinero y otros delitos federales.
Acusaciones por narcotráfico y narco-terrorismo
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Nicolás Maduro Moros fue acusado formalmente en tribunales de Nueva York, Washington D.C. y Miami, junto con figuras clave de su entorno político, militar y judicial. Entre los señalados se encuentran Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando Carvajal Barrios, Clíver Antonio Alcalá Cordones, así como dirigentes de las FARC como Luciano Marín Arango, conocido como “Iván Márquez”, y Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”.
El entonces fiscal general William P. Barr afirmó que el régimen venezolano, “una vez liderado por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción”, y sostuvo que durante más de 20 años Maduro y otros altos funcionarios “presuntamente conspiraron con las FARC, causando que toneladas de cocaína ingresaran y devastaran comunidades estadounidenses”.
Según las autoridades estadounidenses, Maduro y sus presuntos cómplices habrían utilizado instituciones del Estado venezolano —incluidos sectores del Ejército, los servicios de inteligencia, el Poder Legislativo y el Poder Judicial— para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, con el objetivo de enriquecerse y aumentar su poder político y militar.
El Cártel de los Soles y la relación con las FARC
Las acusaciones describen a Maduro como uno de los líderes del llamado Cártel de los Soles, una organización cuyo nombre hace referencia a las insignias de sol que portan los altos mandos militares venezolanos. De acuerdo con la acusación, desde al menos 1999, Maduro, Cabello, Carvajal y Alcalá Cordones habrían actuado como líderes y administradores de este grupo criminal.
El Departamento de Justicia sostiene que el Cártel de los Soles colaboró estrechamente con las FARC, permitiendo que esta organización trasladara parte de sus operaciones a territorio venezolano bajo protección oficial. Desde allí, la cocaína procesada habría sido enviada a Estados Unidos a través del Caribe y Centroamérica, utilizando rutas marítimas y aéreas clandestinas.
Las autoridades estadounidenses estimaron que, para 2004, más de 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela. Los envíos se realizaban mediante lanchas rápidas, barcos pesqueros, buques de carga y aeronaves que despegaban de pistas clandestinas, principalmente en el estado Apure. Honduras fue identificado como uno de los principales puntos de transbordo en la llamada “ruta aérea” del narcotráfico.
Cargos formales y posibles sentencias
Nicolás Maduro y varios de los acusados enfrentan cargos por: participar en una conspiración de narco-terrorismo; conspirar para importar cocaína a Estados Unidos; usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con esos delitos; y conspirar para el uso de dichas armas. Estos cargos conllevan penas mínimas obligatorias que van de 10 a 30 años de prisión, con sentencias máximas de cadena perpetua.
Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció recompensas millonarias por información que conduzca al arresto o condena de los acusados: hasta 15 millones de dólares por Maduro Moros, hasta 10 millones por Cabello Rondón y otros altos exfuncionarios, y hasta 5 millones por líderes de las FARC involucrados.
Corrupción, lavado de dinero y evasión de sanciones
Las investigaciones también incluyen acusaciones de corrupción y lavado de dinero contra altos funcionarios del sistema judicial y del gabinete venezolano. Maikel José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, fue acusado en Florida de conspirar para lavar dinero y recibir sobornos millonarios a cambio de manipular decisiones judiciales. Según la acusación, entre 2012 y 2016 habría manejado millones de dólares en cuentas bancarias en Estados Unidos, pese a declarar ingresos anuales muy bajos en Venezuela.
Asimismo, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, entonces vicepresidente para el área económica, fue acusado junto con otros colaboradores de evadir sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyendo el uso de servicios de vuelos privados para beneficiar la campaña presidencial de Maduro en 2018.
Otros exministros, militares y funcionarios venezolanos fueron imputados en diferentes distritos judiciales de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, contrabando de armas y violaciones a leyes de control de exportaciones.
Presunción de inocencia
El Departamento de Justicia subrayó que todas estas acusaciones forman parte de procesos judiciales en curso y que “una acusación es únicamente una alegación”. Todos los imputados, incluido Nicolás Maduro Moros, son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
No obstante, para el gobierno de Estados Unidos, el conjunto de estas investigaciones expone lo que describe como una red de corrupción sistémica y criminalidad instalada en los niveles más altos del poder en Venezuela, con impactos directos en el tráfico internacional de drogas y en la seguridad regional.
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