Sin elecciones y con opositores exiliados: la crisis de Nicaragua ante el voto en la OEA
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el 19 de agosto convocar una reunión de cancilleres para analizar la situación en Nicaragua, en medio de preocupaciones por el rumbo político del país gobernado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La resolución fue respaldada por 29 países, mientras que Brasil votó en contra y México se abstuvo. La decisión llega en un contexto de denuncias sobre restricciones a la oposición política y señalamientos de organismos internacionales sobre el estado de la democracia en el país centroamericano.
¿Por qué la OEA puso la mirada en Nicaragua?
La discusión ocurre después de años de cuestionamientos al gobierno de Ortega, quien gobernó Nicaragua por primera vez en la década de 1980 tras el triunfo de la Revolución Sandinista y regresó al poder en 2007.
Desde entonces, opositores y organismos internacionales han denunciado una creciente concentración del poder. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que el gobierno de Ortega y Murillo debilitó la separación de poderes y concentró facultades en el Ejecutivo.
Por su parte, Human Rights Watch ha documentado casos de persecución política, detenciones arbitrarias, exilio forzado, retiro de nacionalidad a opositores y restricciones a libertades fundamentales.
El antecedente de las elecciones de 2021
Uno de los momentos más señalados por la comunidad internacional ocurrió antes de las elecciones presidenciales de 2021.
En ese proceso fueron detenidos varios aspirantes presidenciales y figuras opositoras que buscaban competir contra Ortega. Posteriormente, muchos de ellos fueron encarcelados, expulsados del país o despojados de su nacionalidad bajo acusaciones de “traición a la patria”.
Entre las voces más críticas se encuentra Juan Sebastián Chamorro, excandidato presidencial y ex preso político, quien celebró la decisión de la OEA al considerar que representa una respuesta internacional ante el deterioro democrático que observa en Nicaragua.
¿Buscan una sucesión dentro del círculo familiar?
Además de las denuncias sobre las condiciones electorales, opositores exiliados han expresado preocupación por una posible continuidad del poder dentro del entorno familiar de Ortega.
El exaspirante presidencial Félix Maradiaga, actualmente exiliado en Estados Unidos, sostiene que el mandatario busca asegurar una sucesión política encabezada por Rosario Murillo y por Laureano Ortega, uno de sus hijos que ocupa cargos dentro del gobierno.
La histórica exguerrillera y opositora Dora María Téllez también ha señalado que el gobierno enfrenta una compleja discusión interna sobre el futuro de la sucesión política y teme posibles fracturas dentro del propio Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Las protestas de 2018 marcaron un punto de quiebre
Analistas y líderes opositores consideran que las manifestaciones de 2018 para exigir la renuncia de Ortega, representan un antes y un después en la historia reciente de Nicaragua.
A partir de esos acontecimientos, cientos de miles de personas abandonaron el país, mientras medios independientes, organizaciones civiles y grupos opositores enfrentaron mayores restricciones para operar.
Según Chamorro, Nicaragua avanza hacia un modelo donde únicamente permanezca el partido gobernante, una situación que compara con sistemas de partido único existentes en otros países.
¿Qué puede hacer la OEA?
Aunque la OEA ha realizado numerosas sesiones sobre Nicaragua en los últimos años, la reunión de cancilleres representa un escalón político superior.
El encuentro podría derivar en nuevas acciones diplomáticas, revisiones de relaciones bilaterales o medidas de presión internacional impulsadas por algunos gobiernos.
Sin embargo, Nicaragua dejó formalmente la OEA en 2023, por lo que una eventual expulsión del organismo ya no forma parte de los escenarios posibles.
¿Por qué México se abstuvo?
México fue el único país que optó por la abstención durante la votación.
El subsecretario Alejandro Encinas explicó que el gobierno mexicano considera necesario mantener abiertos los canales diplomáticos para atender la situación nicaragüense.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esa postura y afirmó que responde al principio constitucional de autodeterminación de los pueblos, por lo que México optó por no acompañar la resolución impulsada en la OEA.
Mientras tanto, la crisis política en Nicaragua continúa generando preocupaciones dentro y fuera del país, en un contexto marcado por denuncias de persecución contra opositores, concentración del poder y cuestionamientos sobre las condiciones democráticas.
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