Es oficial: entra en vigor prohibición de vapeadores en México este 16 de enero

Este 16 de enero de 2026 entra en vigor en México la prohibición constitucional de vapeadores y cigarrillos electrónicos, luego de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como parte de una reforma en materia de protección a la salud impulsada por el Gobierno federal.
Con esta medida, queda prohibida toda actividad relacionada con la producción, distribución, comercialización y uso de vapeadores, así como de cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4° y 5° de la Constitución.
Prohibición de vapeadores queda establecida en la Constitución
El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que para garantizar el derecho a la salud, la ley sancionará cualquier actividad relacionada con vapeadores, además de otras sustancias tóxicas y drogas sintéticas no autorizadas.
En el artículo 5°, se señala que queda prohibido ejercer cualquier profesión, comercio, industria o actividad económica vinculada con estos dispositivos, tanto en el mercado nacional como internacional.
La reforma entró en vigor un día después de su publicación en el DOF, es decir, este 16 de enero, y deroga cualquier disposición previa que se oponga a lo establecido en el decreto.
Cómo se aprobó la prohibición de vapeadores
El Senado de la República aprobó la reforma en diciembre, con 76 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 37 votos en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Durante el debate, legisladores de oposición advirtieron que la prohibición podría incentivar el mercado negro y no eliminar el consumo, especialmente entre jóvenes. En contraste, senadores del bloque oficialista defendieron la medida como una acción para priorizar la salud pública, en especial de niñas, niños y adolescentes.
Qué sigue tras la entrada en vigor
El Congreso de la Unión tendrá 180 días para armonizar las leyes secundarias, mientras que los congresos estatales contarán con un año para adecuar su marco legal.
Las autoridades federales deberán definir los mecanismos de sanción y vigilancia conforme avance la implementación de esta prohibición en todo el país.



