FGR lleva a proceso a exfuncionario del IPN e ISSSTE por contratos con empresa facturera
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Javier “N”, exservidor público relacionado con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por su presunta participación en los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones.
De acuerdo con la investigación, en 2018 el exfuncionario habría suscrito tres contratos por alrededor de 11 millones de pesos con una empresa incluida en el listado del Artículo 69‑B del Código Fiscal de la Federación, el cual identifica a contribuyentes que presuntamente simulan operaciones fiscales.
Contratos firmados cuando trabajaba en hospital del ISSSTE
Según la FGR, Javier “N” se desempeñó como Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE, desde donde habría firmado los contratos junto con otros funcionarios que ya fueron vinculados a proceso previamente.
El exservidor público también ocupó cargos como secretario de Administración y Finanzas del IPN y tesorero del ISSSTE, de acuerdo con la información oficial.
Acusación: posible relación con empresa facturera
Las investigaciones señalan que el funcionario habría tenido intereses de negocios y relación profesional previa con la empresa señalada como facturera antes de asumir su cargo en el hospital.
Además, se presume que recibió recursos mediante transferencias electrónicas, tanto de manera directa como a través de triangulación de movimientos con terceros, incluso después de asumir el cargo público.
Medidas cautelares y plazo de investigación
Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción presentó los datos de prueba para obtener la vinculación a proceso. El juez impuso como medidas cautelares:
- Presentación periódica mensual ante la autoridad
- Prohibición de salir del país
Asimismo, se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
La FGR recordó que la persona señalada se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial.
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