Reino Unido otorga asilo político a Karime Macías por inconsistencias en proceso, salva la extradición
La exesposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, Karime Macís Tubilla, obtuvo asilo político en Reino Unido, lo que impide su extradición a México para enfrentar cargos por presunto fraude y desvío de recursos públicos.
De acuerdo con reportes periodísticos, la resolución fue emitida por el Ministerio del Interior británico y tiene efectos jurídicos que dejan sin validez la autorización de extradición que concedió en febrero de 2022 la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres.
¿Por qué México busca extraditar a Karima Macías?
Macías es requerida por autoridades mexicanas desde 2018, cuando una jueza de Veracruz giró orden de aprehensión en su contra por un presunto desvío de 112 millones de pesos a través del DIF estatal, durante la administración de Duarte (2010-2016). Las investigaciones derivaron de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre recursos que habrían sido canalizados a empresas fantasma.
En 2019 fue detenida en Londres con fines de extradición; posteriormente obtuvo libertad bajo fianza tras el pago de 150 mil libras esterlinas y permaneció bajo medidas cautelares, incluido el uso de brazalete electrónico.
Mientras que en en 2022, el juez británico Paul Goldspring determinó procedente su extradición a México, resolución que fue confirmada públicamente por el entonces canciller Marcelo Ebrard. No obstante, la defensa promovió recursos adicionales en tribunales del Reino Unido, argumentando irregularidades en el proceso mexicano, entre ellas la prescripción del delito y supuestas fallas en la comunicación diplomática del caso.
Fuentes citadas en distintos reportes señalan que el asilo fue concedido tras considerar elementos como la exposición pública del caso y alegatos sobre posibles violaciones al debido proceso. Con la nueva determinación, Macías ya no enfrenta restricciones de movilidad en territorio británico.
Por su parte, Javier Duarte cumple una condena de nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Además, enfrenta un nuevo proceso por presunto peculado relacionado con el desvío de recursos de un programa social federal.
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