Suprema Corte responde a polémica por camionetas blindadas
Luego de la polémica por la adquisición de vehículos blindados para ministras y ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que mantendrá una actuación basada en la cercanía con la ciudadanía, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos.
A continuación, el comunicado que difundió el Máximo Tribunal a la opinión pública tras la conferencia de prensa:
En congruencia con la política de austeridad, racionalidad, eficiencia y responsabilidad institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en conferencia de prensa conjunta con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), informó el acuerdo adoptado por ministras y ministros para no hacer uso de los nuevos vehículos blindados, a fin de reasignarlos a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de su función.
Esta decisión responde a la voluntad del Máximo Tribunal de escuchar y atender el interés de la sociedad, así como de garantizar un uso óptimo y responsable de los recursos públicos.
En la conferencia participaron las ministras María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías; los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García; así como el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano.
En este ejercicio de transparencia, el Alto Tribunal dio a conocer los motivos de la decisión colegiada de sustituir la flotilla de vehículos blindados asignados a las y los integrantes del Pleno. Al respecto, se informó que al 1° de septiembre de 2025 se recibieron 39 vehículos, ya que cuatro unidades habían sido adquiridas por ministras y ministros de la anterior integración.
El ministro presidente de la SCJN explicó que, como parte de la política de justicia cercana, las ministras y ministros realizan traslados constantes a diversas entidades federativas, lo que incrementa las necesidades en materia de seguridad y operatividad. Señaló que, con base en evaluaciones técnicas, se determinó que diversas unidades no cumplían con los estándares de seguridad requeridos, al subrayar que “la seguridad no es un lujo”.
Además, recordó que desde el 12 de agosto de 2010, mediante un Acuerdo del Pleno, se determinó que las ministras y ministros contaran con medidas de seguridad acordes con la responsabilidad de Estado que desempeñan, lo que incluye el uso de vehículos con características de protección.
“La austeridad no es un acto simbólico. Es una política de administración responsable que debe ejercerse con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado ni el cumplimiento de las funciones constitucionales”, afirmó el ministro presidente de la SCJN ante representantes de los medios de comunicación.
No obstante, explicó que la decisión de no utilizar las unidades blindadas responde a un compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y al establecimiento de criterios de administración eficiente, sin afectar la seguridad institucional ni el funcionamiento del Máximo Tribunal. Precisó que el acuerdo colegiado se adoptó conforme al debido proceso administrativo, sin impacto negativo en las finanzas públicas ni en la operación de la Corte.
Reiteró que, como parte de una política de ahorro eficaz y de mejor aprovechamiento del parque vehicular institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará el proceso de desincorporación de 21 unidades blindadas.
Por su parte, el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, explicó que tras su llegada al Poder Judicial y luego de un análisis del ejercicio presupuestal, se estima que en los próximos dos años se generará un ahorro aproximado de mil millones de pesos, derivado, entre otros factores, de la transición del esquema de arrendamiento a la adquisición de vehículos, que ahora serán propiedad del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, informó que para el presente año se proyecta un ahorro de 6 mil 249 millones de pesos, con el objetivo de cumplir con el principio de austeridad y, al mismo tiempo, con el principio de transparencia que rige a esta institución. También destacó la reducción presupuestal prevista para 2026 por 16 mil millones de pesos, como muestra del compromiso del Poder Judicial de la Federación con el uso responsable de los recursos públicos.
El presidente del Órgano de Administración Judicial subrayó que, de manera coordinada, la SCJN, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal de Disciplina Judicial y el propio OAJ trabajan en la identificación de mecanismos para generar ahorros adicionales.
Finalmente, las decisiones del Tribunal Pleno, en materia de austeridad, eficiencia administrativa y seguridad institucional, reflejan el compromiso de rendir cuentas, escuchar a la ciudadanía y cumplir con la Constitución y la ley. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que seguirán actuando con cercanía y transparencia con el pueblo de México, garantizando la plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos, lo que implica someter sus acciones al escrutinio público.
