Entre el despilfarro y la solución: la carrera peligrosa de las pensiones

Actualmente, las pensiones y jubilaciones se han convertido en uno de los mayores retos para las finanzas públicas de México, al crecer mucho más rápido que los ingresos públicos y absorber cada vez más recursos del presupuesto federal.

Entre enero y noviembre de 2025, el pago de pensiones y jubilaciones alcanzó 1.5 billones de pesos, con un aumento de 8.7%, el mayor incremento registrado desde 2012, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Pensiones y jubilaciones presionan los ingresos públicos

Este gasto ya representa 18 de cada 100 pesos del presupuesto público, es decir, casi una quinta parte del total del dinero que ejerce el Estado para cumplir sus obligaciones. El problema es que, mientras las pensiones crecen a ese ritmo, los ingresos públicos apenas avanzan 2.3% anual, casi cuatro veces menos.

De acuerdo con Alejandro Gómez Tamez, director del Grupo de Asesores en Economía y Administración, el monto destinado a pensiones equivale al triple de la inversión pública y al doble del gasto conjunto en educación y salud, lo que reduce los recursos disponibles para otros rubros clave del desarrollo nacional.

“Estamos hablando de que cada vez absorben una mayor parte del presupuesto. Básicamente, este 1.5 billones de pesos es el triple de lo que se destina a la inversión pública y es el doble de lo que se gasta en conjunto en educación y salud”

El especialista explicó que estas pensiones corresponden a trabajadores que ya cumplieron su vida laboral y, por ley, no pueden dejar de pagarse. Sin embargo, advirtió que cada año absorben una mayor parte del presupuesto federal, dejando menos margen para infraestructura, servicios y programas prioritarios.

Adultos mayores y la presión a largo plazo

Actualmente, México tiene 17.1 millones de personas adultas mayores, lo que representa entre 12 y 14% de la población, muchas de ellas dependientes de una pensión. Las proyecciones oficiales indican que para 2070, este grupo crecerá hasta representar 34.2% de la población, según datos de CONAPO e INEGI.

Este envejecimiento poblacional, sumado al bajo crecimiento de los ingresos, aumenta la presión sobre el gasto público. Por ello, Gómez Tamez subrayó la necesidad de una reforma fiscal justa, que no cargue más impuestos a quienes ya pagan, ni despilfarre recursos en programas asistencialistas.

“Aquí el tema no es hacer una reforma fiscal que le cobre más a quienes ya pagamos y que despilfarre el dinero por los programas asistencialistas. Necesitamos, sí, una reforma fiscal que incorpore la economía informal a la formalidad, eso es fundamental. Y segundo, pues que sea para temas importantes, sobre todo el desarrollo de infraestructura”…

La propuesta, explicó, debe enfocarse en incorporar la economía informal a la formalidad y destinar los recursos a infraestructura, salud, educación y vivienda, para fortalecer el crecimiento económico y sostener el sistema de pensiones en el largo plazo.

Los trabajadores retirados merecen su pensión, pero el reto es claro: el tiempo corre y el Estado necesita mecanismos para que el gasto público resista esta presión creciente.

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