Tribunal en Estados Unidos ordena pago histórico de 11 mil millones en préstamos estudiantiles
El Departamento de Educación de Estados Unidos deberá anular de forma inmediata aproximadamente 11 mil millones de dólares en deuda federal de préstamos estudiantiles, lo que beneficiará directamente a más de 170 mil prestatarios. La decisión se ratificó luego de que un tribunal federal de apelaciones rechazara el intento de la administración Donald Trump de postergar el alivio destinado a estudiantes que denunciaron haber sido engañados por instituciones de educación superior.
Estudiantes iniciaron en 2019 la demanda colectiva
La medida forma parte de una demanda colectiva entablada en 2019 por estudiantes que aseguraban haber sido víctimas de instituciones académicas privadas.
Los demandantes afirmaban que los centros de estudio recurrieron a prácticas engañosas para atraer alumnos, dejándolos con cuantiosas deudas tras cursar programas educativos de dudosa calidad.
El caso se respaldó en la norma de Defensa del Prestatario (Borrower Defense), un mecanismo legal que permite solicitar la cancelación de créditos estudiantiles federales cuando la escuela incurre en fraude o realiza declaraciones falsas para convencer a las personas de inscribirse.
De los retrasos a la ratificación del fallo
Si bien durante la administración del expresidente Joe Biden se llegó a un acuerdo en 2022 para otorgar el alivio económico, el proceso presentó retrasos constantes en la revisión de los expedientes.
Con el mandato de Donald Trump, el gobierno intentó extender nuevamente los plazos para evaluar las solicitudes pendientes. Sin embargo, los jueces del Noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito desestimaron la petición el pasado 17 de julio, obligando al Ejecutivo a hacer efectiva la cancelación de los saldos acumulados sin mayor dilación.
Con esa resolución, el Departamento de Educación de Estados Unidos deberá avanzar con la condonación de aproximadamente 11 mil millones de dólares correspondientes a más de 170 mil personas que todavía no habían recibido una respuesta definitiva sobre sus expedientes. De esta manera, el valor global de la demanda colectiva se eleva a 23 mil millones de dólares, alcanzando a casi 500 mil prestatarios en todo el país.
“En términos de compensación económica, Sweet v. McMahon es el mayor acuerdo en una demanda colectiva en la historia de Estados Unidos y el mayor acuerdo jamás alcanzado contra el gobierno federal”, afirmó Eileen Connor, presidenta y directora ejecutiva del Proyecto sobre Préstamos Estudiantiles Abusivos (PPSL, por sus siglas en inglés). “También se encuentra entre los mayores acuerdos de cualquier tipo en Estados Unidos”.
El origen del litigio: la historia detrás del caso
La demanda inicial la encabezó Theresa Sweet, una residente de California que estudió en el Brooks Institute of Photography. Sweet acusó al Departamento de Educación de Estados Unidos de ignorar y no resolver de manera adecuada las solicitudes de cancelación de deuda, a pesar de que los estudiantes cumplían con los requisitos previstos por la ley.
A partir de este reclamo individual, miles de estudiantes se sumaron al proceso legal argumentando que las instituciones realizaban publicidad engañosa sobre sus tasas de graduación, opciones reales de inserción en el mercado laboral e ingresos futuros proyectados.
El impacto en la comunidad de prestatarios
Theresa Sweet reflexiona sobre el significado del fallo tras años de batalla legal:
“Este caso siempre se trató de que los prestatarios se unieran para defender lo que era justo. A través de los altibajos de los últimos siete años, nos convertimos en una comunidad unida por la creencia de que lo que nos sucedió fue injusto, y quedó claro cuántas personas habían sido perjudicadas por el mismo sistema defectuoso”.
Desde 2022, el gobierno ya ha desembolsado alrededor de seis mil millones de dólares en préstamos federales para casi 300 mil estudiantes. La demanda colectiva involucró a más de 500 mil prestatarios, debido al retraso acumulado de más de 210 mil solicitudes pendientes que no habían sido atendidas a tiempo por las autoridades.
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