Corte federal prohíbe detención automática de inmigrantes sin antecedentes: el fallo que podría cambiar miles de casos
Una corte federal de apelaciones le dio la razón a un inmigrante que llevaba 24 años viviendo en Estados Unidos sin ningún antecedente penal, luego de que el gobierno lo detuvo varias semanas sin permitirle pedir una audiencia de fianza.
La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito resolvió el 28 de agosto que esa detención automática viola la ley de inmigración y la Constitución, en un fallo que aplica de inmediato en Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware.
Gabriel Buele Morocho, de origen ecuatoriano, entró al país sin inspección migratoria en 2001, según confirmaron Bloomberg Law y Newsweek. Fue detenido por agentes de inmigración tras una parada de tránsito, de acuerdo con el Constitutional Accountability Center, organización que participó en el caso como amicus curiae ante el tribunal. El gobierno lo mantuvo detenido sin ofrecerle una audiencia ante un juez, bajo el argumento de que las personas en su situación siguen legalmente en calidad de “solicitantes de admisión”, aunque hayan vivido dentro del país durante años.
El caso se resolvió junto con el de Wanderson Lopes De Andrade, un brasileño que entró de la misma forma en 2014 y que, años después, también quedó detenido sin que ningún juez evaluara si podía salir bajo fianza, según confirmó. La combinación de ambos expedientes le dio al Tercer Circuito una base más amplia para fijar una regla general, en lugar de resolver el caso de una sola persona a la vez.
¿Por qué el gobierno decía que no tenían derecho a pedir fianza?
El argumento del gobierno se basaba en una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad pensada originalmente para personas detenidas justo al cruzar la frontera, que no contempla audiencias de fianza porque asume que la persona nunca llegó a ingresar formalmente al país.
La administración Trump había extendido esa misma lógica a inmigrantes arrestados años o incluso décadas después de haber entrado sin inspección, como si siguieran, para efectos legales, buscando la admisión de forma permanente.
La jueza Patty Shwartz, quien escribió la opinión del tribunal, señaló que esa interpretación de la ley es incorrecta y que negarles la audiencia viola el derecho al debido proceso, según reportó Bloomberg Law.
El tribunal falló con dos votos a favor de los demandantes y uno en contra, según reportó Newsweek, y determinó que estas personas caen bajo otra sección de la misma ley, la que sí obliga a un juez a evaluar si alguien representa un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga antes de mantenerlo detenido.
En la práctica, el fallo le da a cualquier inmigrante en esa situación una vía concreta para pelear su libertad mientras continúa su proceso migratorio:
- Pedir una audiencia de fianza ante un juez de inmigración, en vez de permanecer detenido de forma automática
- Que ese juez evalúe si la persona representa un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga, los mismos criterios que ya se usan en otros casos migratorios
- La posibilidad real de salir bajo fianza mientras continúa su proceso de deportación o asilo, en vez de esperar el resultado final desde un centro de detención
¿A cuántas personas más podría beneficiar esta decisión?
El fallo del Tercer Circuito solo tiene efecto inmediato en Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware, los tres estados bajo su jurisdicción, así que no cambia por sí solo lo que ocurre en el resto del país. Pero su peso va más allá de esos tres estados, según un comunicado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representó a los demandantes.
Se trata de la octava corte federal de apelaciones que rechaza la misma política de detención obligatoria de la administración Trump, y a esa lista ya se suman también cientos de jueces de distrito en todo el país que han fallado en el mismo sentido.
Antes del fallo de Pensilvania, ya habían fallado en el mismo sentido estas cortes de apelaciones federales, según detalló Bloomberg Law:
- El Primer Circuito
- El Segundo Circuito
- El Sexto Circuito
- El Séptimo Circuito
- El Noveno Circuito
- El Décimo Circuito
- El Undécimo Circuito
Solo el Quinto y el Octavo Circuito han respaldado hasta ahora la postura del gobierno, lo que abre un desacuerdo entre cortes que suele ser, precisamente, el tipo de conflicto que empuja a la Corte Suprema a intervenir.
¿Qué sigue después de este fallo?
El propio Departamento de Seguridad Nacional ya pidió que la Corte Suprema revise un fallo parecido del Sexto Circuito, y hay peticiones similares pendientes en otros casos relacionados, de acuerdo con Newsweek.
Eso significa que el máximo tribunal del país podría terminar decidiendo, para todo el territorio de Estados Unidos, si el gobierno puede detener automáticamente a alguien que lleva años viviendo ahí sin darle la oportunidad de pedir su libertad bajo fianza.
Mientras eso no ocurra, cualquier persona detenida en Pensilvania, Nueva Jersey o Delaware bajo estas condiciones puede citar el caso de Buele Morocho para exigir su propia audiencia. El documento judicial, publicado por la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, es la referencia directa que los abogados de inmigración ya están usando en casos abiertos dentro de esos tres estados.
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