La herramienta con la que EE. UU. puede rastrear las finanzas de los inmigrantes sin pisar una corte
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) puede obtener los registros financieros de un inmigrante directamente de su banco sin pedirle permiso a un juez, apoyada en una ley federal que le da a cualquier agencia de gobierno, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, la facultad de emitir una citación administrativa —conocida en inglés como subpoena— para acceder a esos registros, de acuerdo con el propio Código de Estados Unidos.
Esa citación sí obliga a la agencia a avisarle al cliente antes de tocar sus registros, pero la ley no la condiciona a que un tribunal la autorice desde el principio.
El abogado de inmigración Héctor Quiroga confirmó, en entrevista con Univisión, que “ICE sí tiene mecanismos legales para solicitar información financiera” y que, según documentos oficiales del propio DHS, esos mecanismos ya se usan en la práctica.
Advirtió, sin embargo, que la agencia no cuenta con un cheque en blanco, pues cada solicitud debe limitarse a información relevante para hacer cumplir las leyes migratorias, no a cualquier dato de cualquier persona con solo invocar la seguridad nacional.
¿Qué exige la ley antes de que un banco entregue esos registros?
La citación administrativa para registros financieros está regulada por una ley específica: la Ley de Derecho a la Privacidad Financiera de 1978, recogida en el Código de Estados Unidos. Bajo esa norma, una agencia de gobierno solo puede acceder a los registros financieros de una persona en un banco si cumple tres condiciones al mismo tiempo, según el texto de la ley consultado en Cornell Law School.
- Que exista razón para creer que los registros son relevantes para una investigación legítima de cumplimiento de la ley
- Que la agencia le entregue o envíe por correo al cliente una copia de la citación, junto con un aviso que explique el propósito de la solicitud y sus derechos
- Que pasen al menos 10 días desde la notificación en persona, o 14 si fue por correo, antes de que la agencia pueda acceder a los registros
Durante esos días de espera, el cliente puede presentar una declaración jurada y una moción para anular la citación ante una corte federal, si considera que sus registros no son relevantes para el caso o que la solicitud tiene otro problema legal.
Ir a corte, en este esquema, es una opción que depende del cliente, no un paso que la agencia tenga que dar antes de pedir la información.
¿Qué autoridad usan los oficiales de migración para emitirlas?
La facultad de emitir estas citaciones no es exclusiva del sistema financiero. La propia Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su sección 235(d)(4), le da a los oficiales de migración el poder de exigir, mediante este tipo de documento, la comparecencia de testigos y la entrega de libros, papeles y documentos relacionados con el derecho de una persona a entrar, reingresar, residir o transitar por EE. UU., según el texto de la ley consultado en Cornell Law School.
Héctor Quiroga explicó el mecanismo en términos sencillos, como “un requerimiento legal mediante el cual una autoridad puede exigirle a una persona o empresa que entregue determinados documentos”, según declaró a Univisión.
“Un subpoena de ICE no es lo mismo que una orden de registro emitida por un juez”, aclaró el abogado, y por eso la empresa que lo recibe puede tener mecanismos para cuestionar una solicitud que considere demasiado amplia. Esa autoridad, sin embargo, tiene límites concretos.
- No puede exigir documentos que todavía no existen o que la empresa tendría que crear
- No autoriza arrestos, registros corporales ni la confiscación de objetos como un teléfono celular
- La empresa puede objetar la citación si la considera demasiado amplia, poco relevante para el caso o violatoria de la privacidad de sus clientes
¿Qué pasa si la empresa o banco no cumple la ley?
Si la empresa o el banco se niega a cumplir, la ley le da a ICE una sola salida: pedirle a un tribunal federal de distrito que ordene el cumplimiento. Solo si la empresa desobedece esa orden judicial puede ser sancionada por desacato, según el mismo texto consultado en Cornell Law School.
Quien recibe una citación de ICE puede hablar de ella abiertamente, con un abogado, con la persona cuya información se pide o incluso en público, porque no existe una orden de silencio válida que lo impida, de acuerdo con la organización de derechos civiles ACLU.
Ese margen para cuestionar o de plano ignorar una primera citación se parece, en el espíritu, a los derechos que cualquier persona tiene frente a otras formas de contacto con la agencia, como saber qué hacer si ICE toca la puerta de su casa. En ambos casos, conocer el procedimiento de antemano es lo que le da a una persona margen para reaccionar con calma.
¿Cómo llegan los datos financieros a ICE sin necesidad de una citación?
Quiroga también advirtió sobre otro riesgo, distinto al de las citaciones. “La información que una persona entrega a una empresa privada puede terminar siendo utilizada en una investigación migratoria”, explicó a Univisión, sin que medie ni una citación ni una orden judicial.
Esa ruta comercial funciona, en parte, gracias a un contrato entre el Departamento de Seguridad Nacional y Thomson Reuters, la empresa detrás de la plataforma de datos CLEAR, que agrega miles de millones de puntos de información sobre personas en EE. UU.
Entre esos datos están los llamados “credit headers”, información básica que surge cada vez que alguien abre una tarjeta de crédito o actualiza sus datos personales, como nombre, número de Seguro Social, teléfono y domicilio, que las empresas de tarjetas comparten con los burós de crédito y estos, a su vez, con Thomson Reuters, según una investigación de 404 Media. A diferencia de un reporte de crédito completo, este tipo de información no cuenta con las mismas protecciones legales, lo que le permite a ICE consultarla sin necesidad de una orden ni de una citación.
Nuevas oportunidades para otras agencias
Ese acceso, sin embargo, está en un momento de transición. ICE había planeado adjudicarle a Thomson Reuters un contrato de forma directa y sin concurso, pero el 12 de agosto de 2026 retiró esa solicitud y anunció que lo sacará a licitación competitiva, con una adjudicación prevista para el último trimestre de 2026, según reportó el medio especializado Biometric Update.
Mientras tanto, la agencia ya había tenido acceso a la misma plataforma CLEAR a través de otro contratista, con un contrato que terminó en marzo de 2026, así que no está cerrado si en este momento existe o no un vínculo activo entre ICE y Thomson Reuters.
Sobre este contrato hay varios puntos que conviene tener claros.
- El monto original propuesto era de $125 millones, equivalentes a $25 millones anuales durante 5 años
- ICE ya tenía acceso previo a CLEAR mediante otro contratista, con un contrato de cerca de $106 millones que terminó en marzo de 2026
- Thomson Reuters aseguró, en un comunicado citado por NPR, que prohíbe usar su plataforma para identificar o localizar a inmigrantes no criminales o personas indocumentadas con fines de deportación basados únicamente en su estatus migratorio
¿Qué herramientas tienen los inmigrantes para mantenerse alertas?
Este acceso comercial forma parte de un ecosistema más amplio de vigilancia hacia comunidades inmigrantes, que en paralelo ha impulsado herramientas como una aplicación creada por un latino para rastrear redadas de ICE en Los Ángeles, pensada, en sentido inverso, para que la comunidad se anticipe a los operativos.
Para buena parte de los inmigrantes que ya usan el sistema financiero formal, incluyendo quienes decidieron abrir una cuenta bancaria sin número de Seguro Social, este tipo de mecanismos son un recordatorio de que la información que comparten con un banco o una tarjeta de crédito no queda automáticamente fuera del alcance de las autoridades migratorias.
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