La nueva ley en California que blinda el domicilio de abogados y voluntarios que trabajan con inmigrantes
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 22 de agosto una ley que permite a abogados, voluntarios y otros trabajadores de organizaciones de inmigración proteger su domicilio real cuando enfrentan amenazas documentadas, de acuerdo con el comunicado oficial de su oficina. La firma llega después de meses de reportes sobre acoso y amenazas contra este tipo de trabajadores en distintas ciudades del estado.
Detrás de la ley hay casos concretos que el propio sector ha documentado. La directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, Angelica Salas, relató que personas desconocidas empezaron a esperar afuera de las oficinas de la organización, incluso cuando el personal salía a almorzar, para pedirles sus nombres.
A ella misma, contó, alguien le buscó el domicilio real y terminó apareciendo en la casa de su madre, según relató.
Pese a lo anterior, la nueva ley no protege a cualquier persona ni castiga cualquier publicación en internet, sino que se activa bajo condiciones muy específicas que todavía pocos conocen a detalle.
¿A quién protege exactamente el programa que crea esta ley?
La AB 2624, impulsada por la asambleísta Mia Bonta, extiende a este sector el programa Safe at Home, que California ya usaba para proteger direcciones de otros grupos en riesgo, según el texto oficial del proyecto de ley.
Bajo ese esquema, quienes prueben haber recibido una amenaza documentada pueden registrar una dirección sustituta ante el secretario de Estado en lugar de su domicilio real, y esa es la dirección que deben usar las agencias estatales y locales en cualquier registro público.
El programa alcanza a quienes trabajan directamente con inmigrantes, entre ellos:
- Abogados y asistentes legales que llevan casos migratorios
- Personal de gestión de casos y de asistencia humanitaria
- Traductores, intérpretes y consejeros comunitarios
- Voluntarios que colaboran con estas organizaciones, aunque su protección solo se extiende hasta 6 meses después de dejar esa labor
La certificación tiene una vigencia de 4 años para el resto de las personas cubiertas, y el secretario de Estado actúa como intermediario para recibir correspondencia y notificaciones legales dirigidas a ellas. El programa empezará a aceptar solicitudes hasta el 1 de octubre de 2027, según la misma fuente.
¿Qué prohíbe exactamente y quién queda fuera de la ley?
La ley no sanciona la crítica ni el periodismo sobre estas organizaciones. Lo que prohíbe es que una persona, empresa o asociación publique a propósito el domicilio u otra información personal de estos trabajadores con la intención específica de incitar a alguien más a causarles un daño físico grave e inminente, de acuerdo con el texto legislativo. También prohíbe vender o traficar con esos datos bajo la misma intención.
Quedan fuera de esa prohibición los proveedores de servicios de internet, salvo que ellos mismos busquen provocar ese daño, y las agencias de gobierno que tengan una razón legal o administrativa de buena fe para usar la dirección real de alguien, según el mismo texto.
¿Por qué se le conoce también como la ley contra Nick Shirley?
El proyecto ganó ese apodo por Nick Shirley, un creador de contenido conservador en YouTube que se describe a sí mismo como periodista independiente y que en los últimos meses publicó videos virales acusando de fraude a trabajadores de programas de asistencia migratoria.
El senador estatal Tony Strickland, republicano, se opuso a la ley y la bautizó como la “Stop Nick Shirley Act”, al considerar que podía frenar el trabajo de investigación periodística sobre fondos públicos, según reportes de California Black Media.
Bonta respondió que la ley es, en el fondo, sobre la libertad —la libertad de no vivir con miedo que necesitan los proveedores de servicios migratorios para hacer su trabajo, y también la libertad de la prensa para hacer el suyo sin que se le confunda con el tipo de acoso que esta ley busca frenar—, de acuerdo con la misma fuente.
La asambleísta agregó que se sentía orgullosa de que California rechazara la idea de que apoyar a las comunidades inmigrantes tenga un costo político demasiado alto.
La ley californiana llega en medio de un año marcado por el aumento de operativos de ICE en distintas ciudades, lo que también impulsó iniciativas ciudadanas como una aplicación creada en Los Ángeles para rastrear en tiempo real dónde se mueven los agentes.
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