Nueva obligación para los Estados: Deberán reportar a DHS a inmigrantes sin estatus legal
El Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió el alcance de una obligación que tienen los gobiernos estatales de informar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuando sepan que una persona no se encuentra legalmente en el país.
La información surge de una nueva opinión legal y alcanza a todos los organismos de los estados que participan en los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
La Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) emitió el dictamen el 1 de septiembre y el Departamento de Justicia lo difundió el 2 de septiembre. El documento retira una interpretación de 1998, emitida durante la administración de Bill Clinton, que había limitado esta obligación a las agencias estatales encargadas directamente de administrar esos programas.
El cambio no constituye una nueva ley migratoria. Se trata de una interpretación jurídica de una disposición incluida en la legislación federal de 1996.
¿Qué cambia con el nuevo dictamen?
La diferencia principal está en qué organismos estatales quedan sujetos a la obligación de reporte.
La opinión de 1998 establecía que el término “Estado” utilizado en la ley se refería únicamente a las agencias estatales que administraban TANF o SSI. El nuevo dictamen considera que esa interpretación fue demasiado limitada y determina que la obligación alcanza a todas las agencias que forman parte del gobierno estatal.
“Cuando un estado decide participar en el programa TANF, acepta la obligación de informar sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Los fondos públicos destinados a ayudar a los estadounidenses vulnerables no deberían, paradójicamente, fomentar la entrada ilegal al país, sino más bien reforzar nuestras leyes y nuestras fronteras”, se lee en el comunicado oficial.
Esto significa que un estado que recibe fondos federales de TANF o participa en los programas contemplados por la disposición debe cumplir con el requisito a través de sus distintos organismos cuando alguno de ellos conozca que una persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia sostiene que la decisión no crea una obligación nueva para los estados. Según la OLC, el objetivo es recuperar el significado original de una disposición que el Congreso aprobó en 1996.
¿Qué información podrían enviar los estados a DHS?
La ley contempla que los estados proporcionen a las autoridades federales el nombre, la dirección y otra información identificativa de una persona que sepan que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
La obligación está vinculada con el conocimiento que tenga el Estado sobre la situación migratoria de una persona. Por eso, el dictamen no establece que todos los inmigrantes que tengan contacto con una oficina estatal deban ser reportados automáticamente.
La OLC señala que la disposición se refiere a individuos que el Estado conozca que no están legalmente presentes en el país.
Este punto es relevante para los inmigrantes que utilizan servicios estatales, porque el nuevo criterio amplía el número de organismos que podrían quedar sujetos a las reglas federales de reporte.
¿Qué son TANF y SSI?
TANF es un programa federal que entrega fondos a los estados para ofrecer asistencia a familias de bajos ingresos. Los recursos pueden utilizarse para ayuda económica, servicios relacionados con el empleo y otros programas destinados a mejorar la situación económica de los hogares.
El gobierno federal entrega alrededor de 16 mil 500 millones de dólares anuales a los estados mediante las subvenciones de TANF, de acuerdo con la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO).
SSI, por su parte, es un programa administrado por la Administración del Seguro Social que proporciona pagos a personas con bajos ingresos.
En diciembre de 2025, más de 7,3 millones de personas recibían pagos de SSI administrados por el gobierno federal.
Aunque los dos programas tienen características diferentes, la legislación federal de 1996 incluyó requisitos relacionados con el reporte de personas que las autoridades conozcan que permanecen ilegalmente en Estados Unidos.
¿Qué pasa si un estado no cumple?
El Departamento de Justicia advirtió que los estados que reciben fondos federales deben cumplir con las condiciones establecidas por la legislación.
Según la agencia, el incumplimiento puede generar consecuencias graves, incluida la pérdida del financiamiento relacionado con los programas. La OLC considera que los fondos federales están sujetos a las condiciones establecidas por la ley.
El nuevo criterio, sin embargo, se aplicará hacia adelante. El Departamento de Justicia indicó que los estados no enfrentarán sanciones retroactivas por haber seguido la interpretación de 1998 mientras esta permaneció vigente.
Las agencias federales podrán actualizar los acuerdos de financiamiento y los procedimientos de cumplimiento de TANF y SSI para reflejar el nuevo criterio.
¿Esto significa que inmigración tendrá acceso a todos los datos estatales?
El dictamen no establece que DHS vaya a recibir de manera automática todos los datos de las personas que interactúan con los gobiernos estatales.
La obligación se activa cuando un Estado conoce que una persona no se encuentra legalmente en Estados Unidos y la disposición federal exige que esa información sea reportada. El alcance de la nueva interpretación está en que el término “Estado” incluye ahora a todas sus agencias y no solamente a las oficinas que administran TANF o SSI.
Por eso, el cambio puede ampliar los escenarios en los que una agencia estatal debe considerar las obligaciones de reporte, pero no establece por sí mismo un sistema de reporte automático de todos los inmigrantes.
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