Trabajadores de la construcción temen denunciar robos de salario por miedo a ICE
Trabajadores de la construcción en Massachusetts a quienes se les deben miles de dólares en salario prefieren no reclamarlo, por miedo a que su empleador llame a inmigración.
Así lo documentó una investigación del Boston Globe publicada el 12 de agosto, que detectó un patrón creciente justo en uno de los sectores con más peso para la comunidad inmigrante. Según un análisis de 2021 de MIRA Coalition (Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition) citado por el propio Boston Globe, la construcción es una de las industrias que más trabajadores indocumentados emplea en Massachusetts.
El caso que ilustra el patrón ocurrió el otoño pasado, cuando tres albañiles completaron tres proyectos sin cobrar cerca de 10,000 dólares en total. Al amenazar con reportar el robo de salario, su empleador respondió por mensaje de texto: “…I will get ICE and the police to your house” (“…llevaré a ICE y a la policía a tu casa”). El Metrowest Worker Center, la organización de Framingham que ayudó a los tres trabajadores, documentó el caso.
Ese mensaje resume algo que varias organizaciones de trabajadores llevan meses viendo repetirse: la amenaza de deportación se ha vuelto una herramienta más para evitar pagar salarios.
Deudas de miles de dólares, en casos separados
El reportaje del Boston Globe recogió otros casos con esa misma dinámica, aunque con desenlaces muy distintos entre sí. Un hombre de 48 años, vecino de Everett, descubrió tras una década en mantenimiento de edificios que le debían cerca de 22,000 dólares, el equivalente a un cheque mensual faltante cada año. Ya reportó el caso a la Fiscalía General, donde sigue bajo investigación.
Otro caso, en el que un joven de 25 años de Framingham reclamaba 33,000 dólares que le debía su socio de negocios, tuvo un desenlace más grave, pues al viajar a Nueva York a cobrarlos, agentes de ICE lo detuvieron pese a no tener antecedentes penales. Pese a lo anterior, su familia reunió el dinero para pagar la fianza.
También hay quienes optan por no denunciar en absoluto, como una mujer de 27 años que contó que a su cuñado le dejaron de pagar seis meses de horas extra y que, aun así, prefirió quedarse callado por miedo a ICE.
Más quejas informales, menos casos legales formales
De enero a mayo de 2026, Massachusetts recibió 3,384 quejas de robo de salario, un 16% más que en el mismo período de 2025, según cifras que la Fiscalía General compartió con Boston Globe. El sector de la construcción concentra 7.7% de esas quejas, unos 261 casos.
El número de casos legales formales, sin embargo, va en sentido contrario, y esa contradicción es la que más preocupa a las organizaciones de trabajadores. Leela Ramachandran, del Metrowest Worker Center, dijo que su organización pasó de atender uno o dos casos de robo de salario al mes a cerca de siete desde el segundo mandato de Trump.
En cambio, en Greater Boston Legal Services los casos formales cayeron casi 50% en 2025-2026 frente a 2024, y en el Brazilian Worker Center de Allston se redujeron a la mitad, a unos 50 al año. La lectura de ambos lados: más trabajadores piden ayuda informal, pero cada vez menos se animan a llevar su caso a una corte o agencia formal.
Qué protege la ley, aunque no tengas papeles
Lo que muchos de estos trabajadores no saben —y que podría cambiar su decisión de denunciar— es que Massachusetts tiene protecciones específicas para este tipo de casos, sin importar el estatus migratorio de quien las reclama. La Fiscalía General incluso ofrece una vía de protección migratoria directa para quienes se atreven a denunciar.
- La Ley de Salario Semanal de Massachusetts (MGL c. 149, § 150) obliga a pagar el triple del monto adeudado, más costos legales, a cualquier empleador que la viole.
- La Fiscalía General lo aclara de forma explícita: “No preguntamos sobre el estatus migratorio de un trabajador” y “no compartimos voluntariamente información personal de los trabajadores con inmigración (ICE)”.
- La misma oficina apoya a trabajadores cuyos derechos fueron violados para solicitar discreción procesal o, en casos que califican, certificación de visa U o T —una vía migratoria diseñada específicamente para víctimas de ciertos delitos, incluida la explotación laboral, que cooperan con una investigación—.
- La queja se presenta en línea, disponible en español, portugués y criollo haitiano, a través del formulario oficial de la Fiscalía General, y puede hacerse de forma anónima.
La fiscal general Andrea Joy Campbell resumió la postura de su oficina: “No toleramos a empleadores que toman represalias contra trabajadores por hacer valer sus derechos o denunciar violaciones.”
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