Trump planea nombrar a Todd Blanche como fiscal general; fue su abogado personal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que propondrá al actual fiscal general interino, Todd Blanche, para ocupar de manera permanente la jefatura del Departamento de Justicia tras la salida de Pam Bondi, una decisión que colocaría a su antiguo abogado personal al frente de la principal institución encargada de la aplicación de la ley en el país.
El anuncio fue difundido en redes sociales por Dan Scavino, uno de los asesores cercanos al mandatario republicano.
“Es el fiscal general en funciones. Mañana. Voy a dar instrucciones a Dan (Scavino) y a todos los que participan en ese proceso tan complicado, que creo que va a ser muy rápido, para que lo nombraremos fiscal general permanente”.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Nombramiento de Todd Blanche dependerá del Senado
Para convertirse en fiscal general permanente, Blanche deberá ser ratificado por el Senado de Estados Unidos.
Actualmente, el Partido Republicano cuenta con una mayoría de 53 escaños frente a 47 de los demócratas, por lo que el respaldo de prácticamente toda la bancada oficialista será clave para concretar el nombramiento.
Trump ya había adelantado en días recientes que evaluaba designar a Todd Blanche para el cargo permanente.
¿Quién es Todd Blanche?
Todd Blanche, de 51 años, asumió el cargo de fiscal general interino en abril de 2026, luego de que Trump destituyera a la entonces titular del Departamento de Justicia, Pam Bondi.
Antes de incorporarse al Gobierno, Blanche formó parte del equipo legal que representó a Trump en distintos procesos judiciales.
Polémicas marcaron su gestión interina
Durante su paso por el Departamento de Justicia, Blanche enfrentó críticas de algunos legisladores republicanos y miembros de la propia administración.
Una de las polémicas críticas por parte de senadores republicanos, e incluso de algunos asesores de la Casa Blanca, fue por el plan del Departamento de Justicia, ahora descartado, de crear un fondo de mil 800 millones de dólares para las víctimas de la supuesta “utilización como arma” por parte del Gobierno.
Tras la polémica, afirmó que el departamento no seguiría adelante con el plan, que desató una feroz oposición bipartidista y amenazó con hacer descarrilar un paquete de financiación de 72 mil millones de dólares para la campaña de Trump contra la inmigración.
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