El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reconoció este jueves la emisión de la Recomendación 11/2026 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, encabezado por el doctor Jesús Mario Rivas Souza.
A través de un posicionamiento, las familias señalaron que durante meses exigieron la intervención de la CNDH para investigar lo ocurrido en ese sitio, que calificaron como “una herida abierta” para las víctimas y para la sociedad.
De acuerdo con los colectivos, la recomendación confirma lo que han denunciado desde el inicio: que existieron graves omisiones por parte de las autoridades encargadas de la investigación, particularmente en el resguardo del lugar, el procesamiento de indicios y la preservación de la evidencia.
“Estas fallas vulneraron el derecho de las víctimas y de sus familias a la verdad y a la justicia”, señalaron.
Las familias también subrayaron que la magnitud de lo ocurrido en el Rancho Izaguirre no debe ser minimizada. Indicaron que quienes estuvieron presentes durante las diligencias fueron testigos de la recuperación de múltiples restos humanos calcinados.
Según relataron, durante los trabajos periciales se extraían diariamente fragmentos óseos que incluso eran colocados en cubetas, lo que, dijeron, refleja el nivel de violencia registrado en el lugar.
Asimismo, señalaron que en la carpeta de investigación federal se reconoce la existencia de crematorios y que los restos humanos encontrados presentaban degradación térmica con temperaturas de hasta mil 100 grados centígrados.
Estos datos, añadieron, están documentados en peritajes y en actas de las diligencias, lo que confirmaría que en el sitio hubo destrucción de cuerpos humanos.
El colectivo insistió en que ninguna institución debe omitir o reducir la gravedad de los hallazgos, pues hacerlo —advirtieron— significaría faltar a la verdad y a la memoria de las víctimas.
“Lo ocurrido en el Rancho Izaguirre no fue únicamente una serie de irregularidades administrativas en una investigación. Fue un lugar donde hubo muerte, donde hubo asesinatos y donde se encontraron restos humanos calcinados”, afirmaron.
Finalmente, reiteraron que su exigencia no busca confrontación, sino el esclarecimiento total de los hechos y la garantía de responsabilidades para quienes permitieron las omisiones señaladas.
“Las víctimas merecen justicia y la sociedad mexicana merece saber toda la verdad sobre lo ocurrido en el Rancho Izaguirre”, concluyeron.
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