Giran orden de aprehensión contra Silvano Aureoles y 15 más por abuso de autoridad, tortura y homicidio calificado

La Fiscalía General de Justicia de Michoacán obtuvo una orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles, su exsecretario de Seguridad y 14 policías estatales, por los delitos de abuso de autoridad, tortura y homicidio calificado.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Uno TV que los cargos están relacionados con el homicidio de 4 personas originarias de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, en donde también resultaron lesionados 10 habitantes de la comunidad.

Dentro de los mandamientos judiciales destaca la orden de captura en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, así como de quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, señalados por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.

La Fiscalía General del Estado, encabezada por su titular Carlos Torres Piña, presentó las pruebas necesarias que permitieron al juez emitir las órdenes de captura contra Aureoles, Corona y los elementos policiales involucrados.

Además, por los mismos cargos, el juez autorizó otras 14 órdenes de aprehensión contra policías estatales, que habrían participado en los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017.

Caso Arantepacua: el conflicto que derivó en el operativo de 2017

En 2026, se cumplen nueve años de la intervención en Arantepacua, comunidad donde el operativo dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos una docena de lesionados.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el conflicto se originó públicamente por la retención de vehículos de empresas privadas, aunque en el fondo existía una disputa por el control de zonas boscosas entre comuneros de Arantepacua y la comunidad de Capacuaro, en el municipio de Uruapan.

Previo al operativo, ya se habían registrado detenciones y enfrentamientos entre habitantes de ambas comunidades, lo que elevó la tensión en la región.

El 5 de abril de 2017, durante la madrugada, elementos de seguridad ingresaron a la comunidad. Según la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el saldo fue de cuatro presuntas ejecuciones extrajudiciales, al menos 10 personas torturadas y 38 detenciones arbitrarias.

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