Congreso de SLP deroga “Ley Serrano” tras críticas por criminalizar el uso de la IA
El Congreso de San Luis Potosí aprobó la derogación de la llamada “Ley Serrano”, una reforma al Código Penal estatal que contemplaba delitos vinculados al uso de la inteligencia artificial (IA) y que había sido cuestionada por organizaciones civiles, periodistas y especialistas por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria y pone fin a una legislación que, desde su entrada en vigor, generó controversia por el alcance de sus disposiciones y por las investigaciones iniciadas con base en esos delitos.
¿Qué era la Ley Serrano?
La reforma fue aprobada por el Congreso potosino el 14 de noviembre de 2025 e incorporó los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter al Código Penal estatal.
Entre otras conductas, establecía sanciones relacionadas con:
- El uso no autorizado de imagen o voz.
- La suplantación de identidad mediante herramientas digitales.
- La difusión dolosa de desinformación utilizando tecnologías como la inteligencia artificial.
Desde su aprobación, organizaciones de derechos digitales y de libertad de expresión advirtieron que los conceptos utilizados por la ley eran demasiado amplios y podían prestarse a interpretaciones discrecionales.
Una propuesta contra los deepfakes, cuestionada por periodistas y activistas
La reforma fue conocida públicamente como “Ley Serrano” por su principal impulsor, el diputado local Héctor Serrano Cortés, legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de San Luis Potosí.
Cuando presentó la iniciativa en 2025, Serrano argumentó que era necesario crear herramientas legales para sancionar conductas relacionadas con el uso de inteligencia artificial, como la suplantación de identidad, los deepfakes y la manipulación de imágenes, video o voz.
Durante su vigencia, el propio legislador promovió denuncias contra periodistas y directivos de medios locales con base en ese marco legal, una situación que fue citada por organizaciones civiles como ejemplo de los riesgos que implicaba la legislación.
La reforma fue impugnada ante la Corte
Las críticas llegaron incluso al ámbito constitucional. En diciembre de 2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para buscar la invalidez de la reforma.
Durante ese proceso, organizaciones como ARTICLE 19 y Perteneces A.C. entregaron opiniones técnicas al máximo tribunal en las que señalaron que la ley podía generar censura y un efecto inhibidor sobre el trabajo periodístico, la participación ciudadana y la crítica pública.
ARTICLE 19 documentó casos de acoso judicial
De acuerdo con ARTICLE 19, para mayo de 2026 ya existían casos de personas periodistas investigadas, detenidas o sujetas a procesos judiciales mediante la aplicación de los delitos incorporados por la Ley Serrano.
La organización sostuvo que la legislación permitió el uso expansivo del derecho penal contra actividades protegidas por la libertad de expresión y advirtió que las definiciones de los delitos carecían de la precisión necesaria para evitar abusos.
Ante ese escenario, colectivos ciudadanos impulsaron una iniciativa para eliminar la reforma y solicitaron al Congreso local revisar los tipos penales aprobados meses antes.
Los cuestionamientos se centraron en la ambigüedad de la ley
Uno de los principales argumentos de organizaciones civiles y especialistas fue que la reforma no establecía con claridad los límites entre una conducta delictiva y el ejercicio legítimo de derechos como la libertad de expresión o el uso cotidiano de herramientas digitales.
También señalaron que los delitos incorporados no cumplían plenamente con principios como la certeza jurídica y la taxatividad, que exigen que las conductas sancionadas por la ley estén definidas de manera clara y precisa.
Un debate que va más allá de San Luis Potosí
La derogación ocurre en medio de una discusión nacional sobre la regulación de internet, las plataformas digitales y la inteligencia artificial.
ARTICLE 19 recordó que otras iniciativas similares han enfrentado cuestionamientos judiciales. Entre ellas figura la llamada Ley de Ciberasedio de Puebla, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte en 2026.
La organización también señaló que durante 2025 documentó 69 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación en México, un contexto en el que, asegura, las leyes ambiguas pueden convertirse en herramientas para restringir el ejercicio de derechos fundamentales.
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