Rechaza gobierno de Tamaulipas persecución política contra empresario
El consejero jurídico de la Oficina del Ejecutivo del Gobierno de Tamaulipas, Marco Antonio García Barrientos, sostuvo que los procedimientos relacionados con la empresa Grupo Empresarial Dalka no obedecen a razones políticas, mediáticas ni personales.
“No hay ninguna persecución política”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa.
García Barrientos aseguró que durante más de tres años de litigio en instancias administrativas, judiciales y federales no existe registro de denuncias formales en las que se acuse a Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de la entidad, Américo Villarreal Anaya, de solicitar “moches” o beneficios económicos a cambio de contratos.
Según explicó, las afirmaciones realizadas recientemente por el empresario en medios de comunicación no formaron parte de las demandas, pruebas o recursos presentados ante las autoridades competentes.
La acusación fue difundida en video por Israel Alejandro Valdez Sánchez, un empresario que señala de presuntas exigencias de pagos irregulares al hijo del gobernador tamaulipeco para conservar un contrato relacionado con la distribución de despensas.
El Gobierno de Tamaulipas rechazó que exista persecución política y aseguró que el caso se basa en procedimientos legales revisados durante más de tres años.
Según el empresario, las acusaciones apuntan a Américo Villarreal Santiago. Afirmó que, luego de obtener un contrato relacionado con programas sociales, presuntamente le exigieron dinero para mantener vigente el acuerdo comercial.
El origen del conflicto por contrato de despensas
El Gobierno estatal señaló que el conflicto se originó a partir de un contrato firmado el 15 de marzo de 2023 para el suministro de despensas.
De acuerdo con la versión oficial, el acuerdo fue rescindido debido a que la empresa incumplió una obligación relacionada con la presentación de pólizas de garantía requeridas para asegurar el cumplimiento del contrato.
Posteriormente, la compañía promovió una demanda para reclamar una indemnización por daños y perjuicios. El caso ha pasado por distintas instancias administrativas y judiciales, con resoluciones revisadas tanto por autoridades estatales como federales.
Investigación deriva de presuntas inconsistencias documentales
El consejero jurídico explicó que la investigación penal en curso contra el representante de la empresa surgió a partir de una discrepancia detectada en documentos relacionados con las pólizas de garantía.
Según detalló, mientras en el juicio administrativo se sostuvo que las pólizas fueron entregadas el mismo día de la firma del contrato, la institución afianzadora informó que esos documentos habrían sido emitidos semanas después.
El funcionario reiteró que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar el fondo del asunto y llamó a distinguir entre los procesos judiciales y las declaraciones públicas.
“El objetivo es que la ciudadanía conozca el contexto completo de este asunto. Las decisiones de la justicia se construyen con hechos, pruebas y resoluciones emitidas por las autoridades competentes”, concluyó.
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