Decreto de transparencia: Qué busca y cuáles son los principales cambios

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes un decreto de transparencia para modificar la Ley General de Transparencia y reforzar el principio de máxima publicidad, con el objetivo de ampliar el acceso a la información pública y establecer que la reserva de documentos sólo proceda en los casos previstos por la legislación, como procesos judiciales, asuntos de seguridad nacional o protección de datos personales.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el propósito es garantizar que el Gobierno federal mantenga una política de apertura de la información y evitar que la divulgación de documentos dependa del criterio de los servidores públicos. Señaló también que, con esta medida, las dependencias deberán sujetarse a reglas definidas para determinar qué información puede reservarse.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que el decreto obliga a las instituciones de la Administración Pública Federal a publicar información adicional a la que actualmente exige la legislación, mientras continúan las reformas en materia de transparencia.
La funcionaria detalló, por otra parte, que uno de los cambios consiste en que las contrataciones públicas deberán difundirse de forma mensual. Hasta ahora esa información se publicaba cada tres meses.
¿Qué cambia con el decreto de transparencia?
De acuerdo con lo informado por el Gobierno federal, el decreto contempla cuatro ejes para fortalecer la transparencia en la Administración Pública Federal:
- Mayor transparencia en las contrataciones públicas
- Publicación de información relacionada con las filiales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Fortalecimiento de los procesos de fiscalización y auditorías
- Invitación a estados, municipios y otros poderes públicos para adoptar el principio de máxima publicidad
En materia de empresas públicas, Raquel Buenrostro indicó que las filiales de Pemex deberán divulgar información como informes presentados ante autoridades extranjeras, estados financieros, esquemas de gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.
Asimismo, explicó que los órganos fiscalizadores deberán hacer pública información adicional relacionada con:
- Programas de fiscalización
- Estadísticas de auditorías
- Estatus de los procedimientos
- Seguimiento de observaciones
- Padrón de despachos de auditores externos
La secretaria añadió que el Gobierno prepara una iniciativa para reducir las causas por las cuales puede reservarse información pública. Precisó también que actualmente existen 17 clasificaciones y la propuesta buscará concentrarlas únicamente en supuestos vinculados con el interés público y la seguridad nacional.
Sheinbaum reiteró que el objetivo es consolidar el principio constitucional de máxima publicidad, por lo que las dependencias deberán elaborar versiones públicas cuando un documento contenga datos confidenciales, permitiendo el acceso al resto del contenido.
Gobierno defiende lineamientos sobre derechos de las audiencias
Durante la misma conferencia, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, se refirió a los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias y sostuvo que éstos no facultan al Estado para revisar, modificar o sancionar contenidos informativos, opiniones o líneas editoriales.
Explicó que las obligaciones previstas para los concesionarios de radio y televisión son de carácter administrativo e incluyen contar con un código de ética, designar un defensor de las audiencias y mantener mecanismos para recibir quejas del público.
Añadió que las autoridades sólo podrán intervenir cuando esas obligaciones no se cumplan y que cada medio de comunicación será responsable de elaborar su propio código de ética y nombrar a su defensor de audiencias.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración garantiza la libertad de expresión y señaló que las conferencias matutinas representan un espacio institucional para ejercer el derecho de réplica frente a información difundida en medios de comunicación y redes sociales.
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