Fundar acusa que crisis de desapariciones no puede medirse sólo con carpetas
La organización Fundar México advirtió que la crisis de desapariciones en México no puede condicionarse a la apertura de una carpeta de investigación, luego de la presentación de los avances del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas realizada por el Gobierno federal.
El posicionamiento fue difundido el 27 de marzo de 2026, tras la presentación del informe durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La organización señaló que, en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%, utilizar únicamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la desaparición representa una distorsión de la realidad.
También advirtió que condicionar la búsqueda de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta de investigación afecta el derecho de las personas a ser buscadas.
Además, manifestaron preocupación por la reducción en la cifra oficial de personas desaparecidas sin que exista claridad metodológica sobre cómo se realizó la depuración de datos.
Desapariciones en México: críticas a la estrategia oficial
En el comunicado, Fundar señaló que la obligación de abrir carpetas de investigación en casos de desaparición no es nueva, ya que existe desde la Ley General en materia de desaparición de 2017.
La organización sostuvo que el problema no es la falta de leyes, sino:
- Malas prácticas en fiscalías
- Corrupción
- Omisión en la recepción de denuncias
- Clasificación de desapariciones como otros delitos
- Falta de investigaciones reales
También cuestionaron la afirmación oficial de que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, al señalar que no se ha presentado la metodología que sustenta esa conclusión.
El problema del subregistro de personas desaparecidas
Fundar advirtió que medir la crisis sólo con carpetas de investigación puede generar subregistro, ya que el número de carpetas no equivale al número real de personas desaparecidas.
Recordaron que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta más de 132 mil personas desaparecidas, cifra que, según la organización, es resultado de años de trabajo de familias buscadoras.
Según el posicionamiento, reducir la cifra basándose únicamente en registros ministeriales podría minimizar la crisis y la responsabilidad del Estado en la búsqueda.
Finalmente, la organización también criticó que los nuevos instrumentos y metodologías se presenten sin la participación amplia de familias buscadoras, colectivos y organizaciones civiles.
Señalaron que la búsqueda de personas desaparecidas es una obligación del Estado y debe construirse con la participación de las víctimas, especialistas y organizaciones acompañantes.
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